Ni cien días han hecho falta para que el nuevo Gobierno local de Gandia del PSPV y Més Gandia se dé cuenta de que cambiar el modelo turístico de la ciudad para tratar de conciliar los intereses de los empresarios y los vecinos va a ser muy complicado sin que nadie salga herido.
En solo dos meses, los nuevos gestores municipales han comprobado cómo cualquier decisión que se tome al respecto conlleva claras consecuencias: el cabreo de un lado o de otro.
Así, entre dos aguas, acaba un primer verano «convulso» para el Ejecutivo, que ha tenido que capear el temporal con medidas a veces improvisadas e impulsadas bajo las circunstancias de un gobierno con poco margen de maniobra y que se lo encontró casi todo hecho.
Primero fueron los miembros de la Asociación de Vecinos por la Convivencia de la Playa de Gandia, que, en la asamblea que tuvo lugar el pasado 5 de agosto, dejaron patente el malestar que vienen arrastrando desde hace ya muchos años.
En aquella ocasión, con la presencia de muchos miembros del Gobierno local de Gandia, los vecinos exigieron medidas para luchar contra el ruido que soportan en sus casas y mostraron su enfado porque no se cumplieran los compromisos que la alcaldesa, Diana Morant, había adquirido con ellos en una reunión previa.
Tal fue la tensión que se vivió en aquel acto, que la concejala de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, incluso a llegó a acusar a los vecinos de organizarle «una encerrona». Los dirigentes presentes se comprometieron a trabajar por acabar con el problema pero pidieron paciencia y un margen de confianza, en tanto que acababan de llegar al Ejecutivo.
Aquel encuentro tuvo sus efectos. Desde el Gobierno local se dio orden a la Policía Local de ser «estrictos» en el cumplimiento de los horarios de cierre.
Desde ese momento se interpusieron un centenar de multas y se aumentó la presión a bares, cafeterías, hoteles y heladerías para que a la 1.30 en punto cerrarán sus terrazas, con visita policial incluida.
Aquello, que es lo que demandaban los vecinos, lógicamente, puso en pie de guerra en este caso a los hosteleros. Desde Asemhtsa, en un duro comunicado, acusaron al Gobierno local de practicar «acoso administrativo» contra sus establecimientos y de hacer caso omiso a su petición de que se solicitara a la Generalitat Valenciana la ampliación de los horarios de apertura.
Todo ello lo mezclaron con cifras y denunciaron que este verano sus negocios estaban facturando un 20 % menos que el anterior.
Tras una reunión entre las partes se llegó a un acuerdo intermedio. Los locales podrán abrir hasta media hora más tarde en viernes y sábado hasta finales de septiembre.
La medida, en este caso, volvió a disgustar a los vecinos, que amenazaron con llegar a los tribunales si se cumplía, al asegurar que el ayuntamiento debía informar a la Generalitat de esa cuestión con quince días de antelación.
El último capítulo se vivió la pasada semana. Los vecinos de la asociación se volvieron a reunir con los responsables municipales. En este caso arrancaron el compromiso de sancionar a aquellos pubs y bares con música que tengan montada terraza en la calle. Además, anunciaron que velaran por que el ayuntamiento cumpla la exigencia judicial de declarar la plaza del Castell, uno de los puntos más problemáticos de la playa en Zona Acústicamente Saturada.
Esto, una vez más, afecta a los empresarios, que ven como el ayuntamiento, que no va a recurrir, estará obligado a tomar medidas como la suspensión de licencias 0 el adelanto del horario de cierre en esa zona donde se concentran un gran número de locales de ocio.
