La historia se repite en Gandia y, como también ocurre en otras poblaciones, se pone e evidencia que las empresas privadas están huyendo de la gestión de infraestructuras municipales que ofrecen servicios públicos porque, obviamente, consideran que en las condiciones que fija la Administración no hay margen para ganar dinero.
Acaba de ocurrir con el Centre Esportiu Roís de Corella, uno de los proyectos estrella que se ejecutaron en la legislatura de 2007 a 2011, que se pagó con el dinero del plan impulsado por el Gobierno de España para dinamizar la economía, que en aquellos tiempos entraba en una fase de profunda crisis. El consistorio invirtió más de tres millones de euros en un complejo que incluía piscinas al aire libre, gimnasio, cafetería y restaurante. En los últimos años también se permitió la celebración de actos sociales, como bodas.
Tras la finalización del periodo de explotación de ese complejo por parte de la empresa que se lo quedó hace unos años, el ayuntamiento convocó un concurso para evitar tener que gestionarlo directamente. Para ello pedía un canon o compensación económica mínima de 12.163 euros al año, que la nueva mercantil asumiera al personal que ahora está trabajando allí y la inversión necesaria para mejorar las instalaciones del gimnasio y del complejo deportivo en su conjunto, dado que últimamente recibía muchas críticas por los desperfectos.
Pasado el periodo de presentación de ofertas, que concluyó el sábado pasado, fuentes del Gobierno local confirmaron ayer a Levante-EMV que ninguna empresa se ha interesado por explotar esta gran instalación lúdica y deportiva.
El hecho no es nuevo. Hace dos años el Ayuntamiento de Gandia tuvo que pagar, por sentencia, más de tres millones de euros a raíz de la ruina que generaba la piscina cubierta y gimnasio del Grau de Gandia. La empresa que en el año 2006 construyó esas instalaciones a cambio de explotarla durante 50 años presentó informes técnicos que revelaban un déficit anual de un millón de euros. En 2013 el Gobierno local del PP optó por rescindir ese contrato y sacó un concurso para que pasara a manos de otra empresa. Ninguna optó porque, como ha ocurrido ahora con el centro deportivo de Roís de Corella, queda claro que, al precio que los usuarios están dispuestos a pagar los abonos, este tipo de instalaciones no dan beneficio a las empresas.
Fuera de Gandia, otro ejemplo de instalaciones deportivas que las empresas privadas abandonan se encuentra en Tavernes de la Valldigna, donde hace cinco años la empresa que construyó la piscina cubierta la abandonó al entrar en concurso de acreedores. Desde entonces esa instalación, que está casi acabada, sigue cerrada.
El Gobierno local gandiense estudiará ahora qué medidas emprende para evitar que el centro deportivo de Roís de Corella cierre definitivamente. Una posibilidad es rebajar las condiciones económicas y administrativas que impone a las empresas interesadas, y otra es que, como ocurre con los polideportivos municipales, esas instalaciones pasen a ser gestionadas directamente por el consistorio.
Obligados a pagar por el coste
El déficit en la explotación de instalaciones deportivas públicas cambiará en los próximos años en Gandia. El ayuntamiento, obligado por el plan de ajuste económico aprobado el pasado mes de julio, tendrá que ir adaptando los precios públicos para que, al final, los usuarios asuman la totalidad del coste de mantener abiertas esas instalaciones.
Los responsables municipales temen que elevar los precios suponga una fuga de usuarios, de manera que abogan por buscar fórmulas de financiación para garantizar esos servicios públicos.
