Un «error» administrativo reconocido ayer por el gobierno local de Oliva ha impedido que se pueda modificar la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tanto en su vertiente de urbana como de rústica.
En consecuencia, el recibo de los inmuebles urbanos subirá el próximo año un 7,7 % frente al 6,5 % previsto en la nueva ordenanza. Como referencia, una vivienda que este año pagó 300 euros de IBI, en 2016 abonará 323,10 euros, y a la que pagó 500 euros el recibo vendrá con 538,50 euros. Se trata de una subida de 1,2 puntos porcentuales respecto al incremento previsto en la nueva ordenanza que el pleno aprobó hace unos días y que no se podrá aplicar.
Mejores noticias hay para los propietarios de bienes rústicos. En este caso no se producirá ninguna variación del IBI con respecto al presente ejercicio cuando el acuerdo del gobierno local representaba subir el recibo nada menos que en un 55 %, lo que ya había generado críticas entre propietarios de suelo agrícola, que veían esta acción como una más en la ya de por sí complicada rentabilidad de las explotaciones.
La imposibilidad de aplicar la nueva fórmula aprobada por el ayuntamiento se debe al calendario y a la falta de previsión del gobierno local. La ordenanza tiene que estar expuesta durante 30 días naturales para que cualquier afectado pueda presentar alegaciones, y todo ese periodo debe recaer en el año fiscal anterior. Es decir, la ordenanza se tiene que aprobar definitivamente antes del 1 de enero de 2016, pero ya no hay días hábiles suficientes para completar el trámite.
166.627 euros menos
Según datos facilitados ayer por el concejal de Hacienda, Vicent Canet, este traspiés administrativo hará que Oliva durante el año que viene recaude 620.000 euros en IBI rústica y urbana, unos166.627 menos de los previstos en la nueva ordenanza.
Pese a eso, el gobierno local indica que buscará fórmulas para poder invertir el dinero previsto en infraestructuras agrarias y en seguridad en el campo, unos 95.000 euros en total, como había prometido a los agricultores en una reciente reunión del Consell Local Agrari.
Vicent Canet también señaló ayer a Levante-EMV que a partir del año 2017 el ayuntamiento retornará a la senda impositiva que se había previsto, y que convocará una comisión de Hacienda extraordinaria para intentar consensuar con todos los partidos políticos medidas que acaben con el «agravio comparativo» que supone las viviendas construidas en suelo rústico.
De la misma manera, se analizará la posibilidad de mantener la reducción prevista en la ordenanza municipal de la ocupación de dominio público, que también ha quedado suspendida por falta de tiempo.
