El Gobierno local de Tavernes de la Valldigna, de Compromís, ha decidido que parte de sus agentes de la Policía Local dejen de llevar pistola a partir del próximo año.
La medida, plasmada a través de un decreto al que ha tenido acceso Levante-EMV, señala que, con el nuevo año, será el jefe de la Policía Local, Miguel Chofre, quien tendrá la competencia para decidir qué agente y en qué servicio puede disponer del arma durante el turno en el que le corresponda trabajar.
La medida no ha gustado nada a los representantes sindicales, que en los últimos meses han estado negociando las nuevas condiciones laborales que regulará la plantilla a partir de 2016. Interpretan que la retirada del arma reglamentaria afectará a las labores de seguridad ciudadana y puede poner en peligro su integridad física y, por consiguiente, la de los ciudadanos. La decisión también ha despertado una ola de indignación entre muchos vecinos a través de las redes sociales.
Sin embargo, el alcalde del municipio, Jordi Juan, quiso dejar claro ayer, en conversación con este periódico, que la nueva reglamentación sobre el uso de la pistola no afectará a los agentes que patrullan las calles, aquellos que se dedican a labores de seguridad ciudadana o tráfico. «Ni me planteo que un Policía Local de Tavernes pueda patrullar sin pistola», aseguraba. Eso significa que las dotaciones tanto diurnas como nocturnas sí que estarán dispuestas de arma para actuar, si es que resulta necesario, según se desprende de las palabras del alcalde.
Por el contrario, la intención es que aquellos agentes que se dediquen a labores administrativas en el interior de las dependencias municipales u ofrezcan charlas en colegios, por ejemplo, «no lleven encima la pistola», indicaba la máxima autoridad municipal. Juan recordó que el arma «forma parte del vestuario».
Según se apunta en el decreto, se establecerá un número de pistolas por turno y el intendente Chofre emitirá un informe previo que deberá ser aprobado por la concejala de Seguridad Ciudadana, Llum Sansaloni.
Los sindicatos consideran que habrá discrecionalidad a la hora de otorgar el arma y que, por ejemplo, se podría dar el caso de que en una misma patrulla un agente lleve arma y el otro no. Ponen en duda, además, la afirmación de Jordi Juan de que las dotaciones irán equipadas con pistolas.
Todo esto ha hecho que la plantilla se haya negado a firmar el acuerdo que regula sus condiciones. Esto ha provocado que se tenga que resolver el asunto mediante un decreto. Agentes consultados por este periódico criticaban ayer que, con esta fórmula, el Gobierno local de Compromís «impone» sus condiciones sin aceptar ninguna de las propuestas que el cuerpo puso sobre la mesa en la negociación.
