Tras las elecciones del 20 de diciembre asistimos a la escenificación de un conflicto de intereses políticos y económicos que plantea cuestiones de gran relevancia teórica y práctica para quienes desarrollan su labor profesional en el ámbito de gestión de conflictos.
El ciudadano percibe que las negociaciones encaminadas a la formación de un nuevo Gobierno discurren con lentitud exasperante; y que se visibilizan con mayor frecuencia las divergencias, las expresiones gruesas y las sonrisas sarcásticas que aquellos puntos en los que existe o podría llegar a existir un mayor consenso o aproximación programática entre las distintas fuerzas políticas.
La negociación directa entre los protagonistas de un conflicto se perfila como la vía que, cuando no existe una marcada asimetría de poder entre los mismos, mejor puede asegurar la autodeterminación de las partes implicadas y el efectivo cumplimiento de los acuerdos que lleguen a alcanzarse. Esta afirmación, mayoritariamente aceptada por la conflictología respecto a la esfera privada de los ciudadanos (en el ámbito familiar, civil o mercantil), plantea dudas sobre su veracidad cuando se traslada al debate político. La sobreexposición mediática de los protagonistas, el tacticismo de vuelo corto, la importancia desproporcionada que se atribuye al gesto, al eslogan o a la expresión de las respectivas posiciones (no siempre coincidentes con los verdaderos intereses) condiciona poderosamente el proceso de negociación por cuanto ninguna fuerza política parece capaz de resistirse a la tentación de emplear los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales para arengar a sus partidarios o socavar la imagen de sus oponentes.
El sociólogo, matemático y prestigioso mediador Johan Galtung ha destacado con frecuencia el hecho de que la polarización del conflicto puede consumir toda la energía necesaria para generar opciones encaminadas al acuerdo. Como firme defensor de la mediación en el sector público, Galtung ha señalado los beneficios de recurrir a una figura independiente, imparcial y con conocimientos específicos en materia de negociación que, en un entorno adecuado, dirija el proceso de comunicación entre las partes en conflicto favoreciendo que la negociación se articule alrededor de «puntos fuertes», promoviendo una actitud colaborativa entre ellas y facilitando su mutuo reconocimiento y legitimación.
La figura del mediador y, en buena medida, la propia dinámica del proceso de mediación, pueden liberar a las partes en conflicto de la tensión inherente al «cuerpo a cuerpo» de unas negociaciones en las que, como en el caso que nos ocupa, se ventilan cuestiones de interés general que la ciudadanía percibe como ineludibles e inaplazables. Una negociación en la que «solo existe acuerdo en que existe desacuerdo» defrauda las expectativas de muchos votantes que, ante un escenario político inédito como el actual, han puesto todas sus esperanzas en la capacidad de las fuerzas políticas para sentarse a negociar y concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de acuerdos equilibrados y provechosos para la mayoría.
La imprescindible confidencialidad del proceso de mediación, más que la política-espectáculo, redundaría en la transparencia de los acuerdos y esta, sin duda, sería la primera victoria de los ciudadanos.
