La dirección general del Catastro del Ministerio de Hacienda ha decidido cumplir la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el año pasado y ha depreciado, a efectos fiscales, el valor de los terrenos calificados como urbanizables pero sin expectativas de urbanización.
En la Safor el caso más significativo es el de la playa de l'Auir, un espacio de 1.700.000 metros cuadrados situado entre Xeraco y Gandia perteneciente a este último término municipal.
Así, según ha podido constatar este periódico, el Catastro situaba hasta ahora el valor de ese suelo urbanizable en algo más de 20 euros el metro cuadrado, equivalente a 16.700 euros por hanegada. Ese es el valor «fiscal», porque, en realidad, allí se han vendido terrenos por el triple de esa cantidad.
La sorpresa para los propietarios ha sido que el Catastro les notifique la aplicación de la sentencia del Supremo y sitúe el valor del terreno en 1,7 euros el metro cuadrado, equivalente a solo 1.420 euros por hanegada, una cifra ridícula comparada con los precios que se han pagado en esa zona sobre que el PP, en la pasada legislatura, trató de urbanizar.
La devaluación de las parcelas supera el 91 % respecto al año pasado, y la primera consecuencia es que los propietarios pagarán al Ayuntamiento de Gandia muchísimo menos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Ahora bien, lo que en otros lugares sería una alegría inmensa para los dueños, en la playa de l'Auir puede considerarse una tragedia porque, después del cambio político en el Consell de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Gandia, lo que planea ahora es la expropiación de la playa para convertirla en un parque público.
La sentencia del Supremo que ha obligado a la devaluación practicada por el Catastro conduce a una simple operación matemática que permitiría poner en manos públicas la playa de l'Auir. Hasta ahora el valor fiscal de los 1.700.000 metros cuadrados existentes en esa zona sumaba unos 34 millones de euros, mientras que ahora esa cantidad no llega a los 3 millones de euros.
La posición de proteger
Esta cifra es la que serviría de base en el caso de que la Generalitat o el Ayuntamiento de Gandia decidieran iniciar un proceso de expropiación de los terrenos, para, como es su propósito, habilitar un parque público. 34 millones de euros son inasumibles para un consistorio como el de Gandia, e incluso para una Generalitat que tiene que administrar una inmensa deuda heredada, pero sí sería posible desembolsar 3 millones de euros para inscribir la playa de l'Auir como suelo público, especialmente si quien paga es la Generalitat.
Para generar razones legales que conduzcan a la expropiación sería suficiente que el Ayuntamiento de Gandia modificara el Plan General de Ordenación Urban y cambiar los usos del suelo de la playa de l'Auir, reclasificándolo de urbanizable, como es actualmente, a no urbanizable de protección. Esa es exactamente la postura política del actual Gobierno local de Gandia y del Consell de la Generalitat, lo dos organismos con competencias para iniciar y aprobar las modificaciones legales que pondrían l'Auir en manos públicas.
