Los propietarios de la playa de l'Auir hace treinta años que están pagando impuestos por el suelo urbanizable, y eso ha permitido al Ayuntamiento de Gandia ingresar cientos de miles de euros en concepto de IBI. A cambio, han mantenido el derecho de poder urbanizar en esa zona, algo que no ha ocurrido pese a que l'Auir a que la ley lo permite desde el año 1983.
Ahora, al recibir esta carta del Catastro que devalúa en un 91 % el valor fiscal de sus propiedades, temen que eso conduzca a una injusta expropiación que solo les permitiría recuperar una ínfima parte de lo que han estado pagando durante más de treinta años.
Por ese motivo, los propietarios ya han empezado a asesorarse y no descartan emprender acciones legales, tanto ante una posible reclasificación del suelo urbanizable de su propiedad como ante el inicio de un expediente de expropiación.
De los 1.700.000 metros cuadrados de l'Auir, alrededor de la mitad corresponden a la empresa Rústicas SA, propiedad de la familia Cremades Carceller. Algunas promotoras urbanísticas también son titulares de suelo y después hay decenas de pequeños propietarios.
