Cómodamente instalados en esa lógica bifronte que lo mismo sirve para anunciar refundaciones exprés que para dejar plantados a los adversarios políticos cuando les piden cuentas, los concejales del PP gandiense avanzan en materia de regeneracionismo a paso de cangrejo. El abandono en bloque del PP de la Junta General de Accionistas de IPG, que iniciaba su liquidación, acusando al resto de partidos de «montar un circo» no invita precisamente al optimismo.
Esas tácticas escapistas se inscriben en la misma línea de defensa ultramontana utilizada por Rita Barberá consistente en cargar contra las instituciones cuando las gobierna la oposición. Hace diez días la ex alcaldesa de Valencia se negó a comparecer ante las Cortes Valencianas, acusándolas de ser un «tribunal popular totalitario». Víctor Soler, en el mismo registro, habló el lunes de «odio y rencor», de «guerra civil» y de «juicio sumarísimo», iniquidades de las que, según él, es objeto su partido en Gandia.
Ese cerrilismo político no es anecdótico ni de carácter personal: forma parte de una idea patrimonialista de las instituciones en clave partidista apreciable, tanto en la pobreza conceptual de las declaraciones políticas como en la forma en que se manifiestan. Acorralados por los datos, los populares locales han abrazado agónicamente el victimismo al amparo del insulto, la teatralidad y la insidia.
Llamar a Lorena Milvaques «pagafantas del PSOE», acusar a la actual alcaldesa de que «le encanta el barro» y a todos los partidos de abrir una «causa general contra el PP», como hizo Soler, muestra la distancia existente entre un argumento y lo que Ortega llamaba «expectoraciones mentales».
La improbable regeneración del PP no puede hacerse sin respetar la etiqueta parlamentaria, el protocolo y las obligaciones del cargo incluso ante eventuales funciones circenses. Todo eso va incluido en el sueldo pero, al parecer, los concejales del PP local aún no han interiorizado virtudes públicas tan elementales, lo mismo que siguen rechazando cualquier atisbo de autocrítica como quien huye de la peste.
Todavía no han asumido el monstruoso incremento de la deuda municipal durante su mandato, que el gobierno cifra en 120 millones de euros, ni tampoco creen ahora que la ciudadanía merezca ser informada de su gestión, igualmente desastrosa, al frente de la empresa pública. Todos conspiran contra el PP: los técnicos con informes kafkianos, el PSOE y Més Gandia con su revanchismo guerracivilista y Ciro Palmer con una tibieza traicionera que exige a gritos que vaya dejándose ya un bigotillo de malandrín. El cuadro parece una puesta al día de aquel delirante «contubernio judeomasónico» franquista que tan bien escenificó Barberá tras su paso por la peluquería.
El inicio del cierre de IPG sobre la base de su fiscalización durante el mandato del PP quizás sea discutible, más allá de su necesidad y legalidad, puesto que exime jurídicamente a los anteriores gestores de la empresa pública. Un ejercicio de transparencia retrospectiva es, en ese sentido, necesario, pero, siendo importante, es sólo parte del problema. Porque la cuestión previa a resolver no es esa sino cómo reinsertar en el sistema a un partido permanentemente instalado en el delirio persecutorio que se niega a admitir las consecuencias de sus actos y que, a paso de cangrejo, como demostró el lunes, ha dimitido de la realidad.
