El jueves pasado, mientras Daniel Martí y Maximiliano Doncel ofrecían una rueda de prensa en la que informaban de las presuntas irregularidades de una adjudicación municipal que han remitido a la Fiscalía, su jefe de filas, Ciro Palmer, ejercía estoicamente frente a ellos de convidado de piedra. No es descartable que ya entonces Palmer estuviera trazando mentalmente la larga parábola que muy poco después describirían las carreras políticas de los dos cargos de confianza hasta aterrizar en mitad de la nada. ¿Y todo eso para qué?
Insólitamente, el desencadenante de la situación era de carácter ético. Martí y Doncel negaban la legitimidad del contrato adjudicado a una empresa gandiense de la que forma parte alguien inhabilitado administrativamente para concursar en las comunidades de Catalunya y Madrid, circunstancia que, según ellos, obliga al gobierno a invalidar la adjudicación. Pero el gobierno afirma que, desde el punto de vista legal, esa inhabilitación no es territorialmente vinculante.
El caso resulta interesante porque los dos cargos de confianza no podían ignorar los riesgos que implicaban unas declaraciones en las que aventuraban sus sueldos y su situación en el partido, ni el daño que ocasionaban al gobierno local. Pero a ambos les avalaba una trayectoria política -aunque breve- intachable. Si su denuncia se apoyaba en razones éticas, ¿por qué no creerles? Sin embargo, esa pregunta enfoca mal el problema. Seguramente, en este asunto, todos han sido éticamente coherentes, aunque no hayan actuado responsablemente de la misma forma. El gran error de Martí y Doncel ha consistido en creer que la ética, en política, es una noción que puede interpretarse sólo individualmente. Pero no es así: incluye otros elementos, como la representatividad y la responsabilidad. Por eso Max Weber en su conocida conferencia «La política como profesión», se refería a la «ética de la responsabilidad» oponiéndola a la «ética de la convicción». La primera es la que une las convicciones con la ponderación por las consecuencias, mientras la segunda es la que llevan a cabo políticos sin valores, capaces de todo con tal de lograr sus fines.
Como políticos, Martí y Doncel han estado mucho más cerca de la ética de la responsabilidad que de la ética de la convicción, cierto, pero esta vez no han ponderado las consecuencias de sus actos (sus valores) en relación con el aspecto jurídico de la adjudicación que cuestionan y cuya ilegalidad no han demostrado. Esa tensión entre legalidad y ética Martí y Doncel no han sabido resolverla responsable ni convincentemente, y los efectos de su torpeza saltan a la vista: crisis en su partido, censura injustificada del gobierno y pérdida, en fin, de dos políticos hasta ahora valiosos. De lo que se deduce que a veces la inocencia es peor que la maldad.
