«Usted ha organizado esta reunión para dividir a la ciudadanía, para enfrentarnos». Es la frase que resume que, o bien los políticos que llegaban a esta nueva legislatura como abanderados de la participación ciudadana no han explicado bien el concepto, o que los vecinos están pagando la inexperiencia de décadas en las que las administraciones han tomado decisiones sin contar lo más mínimo con su opinión.
Lo cierto es que los intentos de algunos ayuntamientos por poner en marcha mecanismos a través de los cuales sus habitantes puedan hacerse partícipes de las decisiones que les afectan no han contado precisamente con una gran acogida.
Durante la pasada campaña electoral, empujados por una creciente ola de indignación en la que la sociedad exigía a los gobernantes más diálogo, los programas de los distintos partidos se llenaron, más que nunca, de propuestas en las que prometían dar más voz y voto a los vecinos.
Si no todos, la mayoría de los nuevos gobiernos de la comarca han hecho esfuerzos, más o menos acertados, para tratar de acercar la administración a sus ciudadanos. Sin embargo, la respuesta no ha sido, ni mucho menos, todo lo exitosa que se esperaba.
Se ha visto, por ejemplo, en Tavernes de la Valldigna con la polémica consulta ciudadana organizada hace unos meses para conocer la opinión de sus ciudadanos sobre la idoneidad o no de que el consistorio subvencionara fiestas con animales. De los más de 15.000 llamados a las urnas, participaron apenas algo más de 1.700, un 11 % del censo.
En este mismo municipio, los concejales del Gobierno local están celebrando reuniones en los distintos barrios para tratar de conocer las prioridades que tienen los vecinos a la hora de realizar inversiones en la vía pública. Pues bien, a estas asambleas no están acudiendo más de 25 personas en un municipio que supera los 17.000 habitantes. Durante la legislatura pasada ya se celebraron este tipo de encuentros con el mismo resultado.
De todas estas la más concurrida fue la tuvo lugar esta misma semana en la que se decidía si el ayuntamiento peatonalizaba o no la plaza Major y el paseo del País Valencià. Había medio centenar de personas, no más. Fue allí donde los concejales fueron acusados por un vecino de intentar dividir y enfrentar a la ciudadanía. Varias personas coincidían con él en que la intención de aquel acto organizado por el Gobierno local era eludir su responsabilidad como administración y dejar «el marrón» en manos de los ciudadanos. «Ustedes son el gobierno, decidan qué se tiene que hacer», apuntaba uno de los presentes a los concejales Llum Sansaloni y Josep Llàcer.
Cierto es que otro, al contrario, agradecía que «al menos nos han reunido para preguntarnos e informarnos, algo que antes no ocurría». Por cierto, la idea del Gobierno local de peatonalizar esos espacios fue rechazada por la mayoría y, a partir de ahí, descartada.
