Un total de ocho municipios de de la comarca de la Safor, uno de cada tres, han logrado cancelar los planes de ajuste que se vieron obligados a aprobar en 2012 y a los que se acogieron 27 de los 31 ayuntamientos. Estos programas incluían las medidas que los consistorios se comprometían a poner en marcha ante el Ministerio de Hacienda para lograr la estabilidad presupuestaria. Conllevaba aparejado el préstamo del Plan de Pago a Proveedores que serviría para hacer frente al gran número de facturas que quedaban impagadas.
Esto es una muestra del giro que han dado la mayoría de los ayuntamientos en lo que a la gestión de los recursos públicos se refiere. Y es que, pese a que no todos los de la Safor se encuentran en la privilegiada lista de los que ya no están bajo el yugo del Plan de Ajuste, lo cierto es que la gran mayoría está haciendo las cosas de forma muy diferente a lo que ocurría hace unos años.
Los ayuntamientos de la Safor que ya han se han desprendido de los planes de ajuste son Almiserà, Beniarjó, Benirredrà, Xeraco, Oliva, Simat de la Valldigna y Villalonga. Pese a que la vigencia de estos programas era de diez años, estos ayuntamientos lo han podido cancelar en poco más de dos, teniendo en cuenta que la lista que recoge el Ministerio de Hacienda, a la que ha tenido acceso este periódico, apunta a aquellos que lo tenían cerrado antes del 31 de diciembre del año pasado.
Este documento es un histórico del proceso que los planes de ajuste de los ayuntamientos de la comarca han vivido desde que se aprobaron en 2012 hasta 2015. Así, se puede comprobar que el que presentó Almoines fue declarado como «Desfavorable» en primera instancia por parte del Ministerio de Hacienda, aunque este ayuntamiento lo subsanó y se acogió a una posterior ampliación de la norma.
También aparecen todos los intentos de Gandia por acogerse a dicho programa. Está el primero, mucho más suave que el aprobado recientemente, que incluía los 60 millones de lo que el exalcalde, Arturo Torró, vino a llamar «el contador a cero» en el pago a proveedores. Luego vinieron otros contadores a cero y varios planes desechados por el Gobierno.
Según el actual coordinador de Hacienda de Gandia, Salvador Gregori, «ese primer Plan de Ajuste era muy 'light' y el Ejecutivo del PP se acogió solo para recibir los sesenta millones pero en él no se hizo el trabajo real que hemos hecho nosotros en este nuevo programa».
El alcalde de Xeraco, Francesc Serralta apunta que la cancelación del Plan de Ajuste ha sido posible «con un gran esfuerzo de controlar los gastos, sobre todo los del día a día, y también gastamos menos en cosas innecesarias como actos protocolarios o de representación». Xeraco pidió un préstamo de 800.000 euros para pagar facturas y actualmente, según su concejala de Hacienda, Jacinta Moreno, «contamos con más de un millón de euros en el banco y cerramos las cuentas con superávit».
«No tiene ningún secreto»
Por su parte, el alcalde de Villalonga, Enric Llorca, aseguró que la fórmula «no tiene ningún secreto». «Se trata -siguió- de reducir el gasto y aumentar los ingresos y esto último se consigue persiguiendo el fraude, haciendo que pague el que no pagaba». Este municipio se acogió al Plan de Pago a Proveedores con casi 1 millón de euros, de los que en solo dos años ha pagado la mitad. Llorca explica que existe un mecanismo automático por el que cuando el sistema financiero de los ayuntamientos cumple una serie de parámetros de estabilidad se puede pasar a cancelar el plan de ajuste.
El alcalde de Simat, Víctor Mansanet, también consultado por este periódico, aseguró que en este ayuntamiento «la economía ahora funciona muy bien» al lograr cancelar la totalidad del préstamo de 400.000 euros del Plan de Pago a Proveedores con un abono de 200.000 realizado por el anterior Gobierno del PP y otro por el mismo importe del actual Ejecutivo, de EUPV, Compromís y PSPV.
Loles Cardona, alcaldesa de Benirredrà apuntó que, en su caso, se debe a que en 2014 el ministerio permitió refinanciar el préstamo y pasar de un interés del 6 % a uno del 1,4%. Eso le hizo ahorrar 45.000 euros al año. Además, el cobro de 260.000 euros que le adeudaba la Generalitat de diversas subvenciones le permitió amortizar gran parte de los 500.000 euros que había solicitado en el Plan de Pago a Proveedores, por lo que automáticamente se canceló el Plan de Ajuste.
