La provisionalidad en que se encuentra el Gobierno de España desde las elecciones generales que tuvieron lugar el pasado 20 de diciembre le está costando caro a la ciudad de Oliva en forma de retrasos considerables en la toma de decisiones sobre proyectos que, desde el punto de vista local, resultan de gran importancia.
Así, y según ha podido saber este periódico, el Gobierno, a través de la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, sigue bloqueado en la toma de una decisión que permita la finalización de las obras contra inundaciones en el sur de Oliva.
Se trata de un proyecto de más de 40 millones de euros, paralizado desde hace ya cerca de un año, que ha llevado a la desesperación a las dos empresas que formaron la UTE que se adjudicó el proyecto. Ante a larga paralización causada por la falta de toma de decisiones en Acuamed respecto a la construcción de una presa de laminación en la rambla de la Gallinera, la UTE, formada por Sogeosa y Torrescámara, solicitó hace meses la rescisión del contrato de obras.
La UTE quiere que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva cuanto antes ese contrato, reconozca la obra ejecutada y liquide las cuentas. Para otra empresa quedará, si finalmente se aprueba, la construcción de la presa de laminación de la rambla de la Gallinera, un proyecto que figura en el plan inicial para evitar inundaciones en Oliva y que el Ayuntamiento de esta ciudad exige que no se abandone. Dicen los técnicos locales, y lo corroboran todos los partidos políticos que han exigido continuar las obras, que sin la presa de la Gallinera no funcionaría todo el sistema ideado en su día para que una eventual riada no inunde la ciudad de Oliva.
De ese plan hasta el momento se han realizado varias actuaciones importantes, como el desvío del río Alfadalí hacia la rambla de la Gallinera y la prolongación de este último cauce hasta llegar al mar, pero falta la presa, como la que se hizo en el río Vernissa para evitar desbordamientos del Serpis en Gandia.
Fuentes consultadas por este periódico señalan que la decisión de aprobar la presa sigue bloqueada en Acuamed porque conlleva el compromiso de aportar varios millones de euros y, en este momento, el Ministerio de Medio Ambiente, que como el resto del Gobierno está «en funciones» no lo hará hasta que se constituya un nuevo Ejecutivo surgido de las elecciones. Como pronto eso tendría lugar hacia el mes de septiembre.
Informe de la Abogacía del Estado
El segundo proyecto retrasado por el Gobierno es el de la gran depuradora de aguas residuales que Oliva necesita. Esta misma semana el alcalde de la ciudad, David González, ha revelado las conversaciones mantenidas con responsables del Ministerio de Medio Ambiente interesándose por el proceso administrativo para la construcción de esa depuradora. Desde el Gobierno de España se ha respondido que ya ha finalizado el trámite para adjudicar la redacción del proyecto, valorado en 450.000 euros, pero que, debido a la «provisionalidad» del Gobierno, se ha tenido que solicitar un informe a la Abogacía del Estado que determine si se puede firmar ese contrato de adjudicación.
David González ha solicitado «la máxima celeridad» atendiendo que la nueva depuradora, cuyo coste de ejecución rondará los 20 millones de euros, es fundamental, habida cuenta que la actual no permite cumplir los parámetros de tratamiento de aguas residuales y que una sentencia obliga al ayuntamiento a desmantelar la depuradora de Rabdells, que se construyó en su día en un espacio protegido.
