El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) confirmó ayer, en forma de sentencia, lo que Levante-EMV adelantó el pasado mes de noviembre. El Gobierno local del PP trabajó durante la mayor parte de la pasada legislatura en el ámbito de la ilegalidad contable.
Si hace siete meses el TSJ declaró ilegal el presupuesto del año 2013, en esta ocasión ha situado fuera de la legalidad al de 2014, que, para colmo, fue prorrogado en el año 2015 ante la imposibilidad del PP de aprobar las cuentas del que fue su último ejercicio en el ayuntamiento.
Se trata, por lo tanto, de tres presupuestos ilegales de los cuatro que se aprobaron durante la anterior legislatura dirigida por el alcalde Arturo Torró.
En todos los casos, el argumento medular para que la gestión económica del PP se haya situado en la ilegalidad es que el departamento de Hacienda, dirigido por el concejal Guillermo Barber, no incluyó la devolución de los préstamos bancarios contraídos por el ayuntamiento. Y eso a pesar de que el interventor municipal y el Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana emitieron sucesivamente informes en los que se advertía que esa actitud suponía una vulneración de la Constitución Española.
Como en la primera sentencia contra los presupuestos municipales aprobados por el PP de Gandia, se trata de una resolución «inaplicable», dado que no existe posibilidad legal de retrotraer la enorme cantidad de acciones llevadas a cabo con el dinero municipal. Se trata, por lo tanto, de un nuevo varapalo político contra los trece concejales del PP que, pese a las constantes advertencias del PSPV-PSOE y del entonces grupo de Compromís, desoyeron todos los informes de ilegalidad.
Pago de las costas
Fueron precisamente los socialistas quienes, hartos de esta situación, optaron por acudir a los tribunales, que les han dado la razón tanto en el presupuesto de 2013 como, ahora, en el de 2014.
La única diferencia entre ambas sentencias es que el TSJ condena al ayuntamiento a pagar las costas del proceso, de manera que tendrá consecuencias económicas negativas para el consistorio, en una cantidad que todavía no ha quedado determinada.
En el capítulo de reacciones a esta sentencia, el coordinador de Economía y Hacienda del ayuntamiento, Salvador Gregori, y el portavoz del Gobierno, José Manuel Prieto, ambos del PSPV-PSOE, señalaron que, una vez más «queda revelado el desastre económico heredado de una legislatura de desenfreno» por parte «de los falsos Robin Hood que no pagaban a los gastos para gastar en fiesta y despilfarro».
El PP, en boca de Guillermo Barber, precisamente el concejal de Hacienda que redactó los presupuestos ilegales, dijo que los socialistas «usan el retrovisor» y «arremetan contra la mayoría social de Gandia representada en el Partido Popular».
