La oficina de información turística y de la Policía Local que el Ayuntamiento de Gandia tiene en la primera línea de la playa ha sido provisionalmente embargada por orden del juzgado de Primera Instancia número 2 de esta ciudad.
La decisión surge por una factura de casi 85.000 euros que el Gobierno local de Gandia se negó a pagar a mediados del año pasado a la empresa Altoclaro, editora de la revista «Sociedad y Política», que durante cuatro años estuvo ensalzando la figura del exalcalde, Arturo Torró, y aplaudiendo la gestión del PP en el ayuntamiento, al mismo tiempo que criticaba a los grupos de la oposición, especialmente el Partido Socialista.
Según la información facilitada ayer por el Gobierno local, durante la pasada legislatura el ayuntamiento que dirigía Torró pagó, en concepto de publicidad y campañas de divulgación, cerca de un millón de euros a «Sociedad y Política», una generosa cifra muy por encima de lo que el PP abonó a otros medios escritos de la ciudad y de la comarca en ese mismo periodo. Esa cifra, además, no se supo hasta que el PP abandonó el Gobierno local y dejó sus cuentas al descubierto.
A través de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), desde la que se llevó a cabo una administración paralela del Ayuntamiento de Gandia sin ningún tipo de control político o fiscalización, el PP pagó casi todas las facturas a la editora de «Sociedad y Política», con sustanciales sumas de dinero a pocos días de que Torró dejara de ser alcalde.
Aun así, cuando el consistorio eligió alcaldesa a Diana Morant y se formó el Gobierno local del PSPV-PSOE y de la coalición Més Gandia, tuvo entrada otro documento de pago a Altoclaro por valor de 84.958 euros que Torró había firmado poco antes. Los nuevos responsables municipales se negaron a pagar y la empresa, en defensa de sus derechos, optó por acudir a los tribunales. La sentencia dio la razón a la editora y obligó al ayuntamiento, a través de IPG, a abonar la citada cantidad más otros 25.400 euros en concepto de intereses y costas.
Ese dinero debería entrar en el proceso de liquidación de IPG, que ya está en marcha, pero Altoclaro no quiso esperar, consultó la relación de propiedades de la empresa municipal y señaló la oficina de turismo de la playa, un chalé de cuatro plantas en pleno paseo marítimo, para embargarlo.
Se trata de un edificio tasado recientemente con un valor de 572.616 euros, de manera que el Gobierno local gandiense se ha tenido que poner las pilas para buscar qué solución puede darle y evitar que el procedimiento acabe con la subasta del inmueble.
«Sociedad y Política», que fue dirigida durante años por Josep Lluís Giménez, acusó su dependencia de los generosos contratos que firmó el anterior alcalde gandiense cuando, al poco de que Torró perdiera la alcaldía, puso fin a su edición en papel. Desde entonces este medio de comunicación sigue funcionando en internet, manteniendo una línea que se resume en un casi permanente apoyo a las acciones del PP local y muy crítica con las decisiones del resto de partidos, especialmente del socialista pero también de Més Gandia y de Ciudadanos.
