Las denuncias de «ocultismo» en la gestión del Gobierno local de Gandia, referidas al hecho de impedir que la oposición tenga acceso a información y a documentación sobre aspectos polémicos, ha estado permanentemente, desde hace más de una década, en el debate político del consistorio. Quienes no gobiernan han clamado porque consideran que los grupos que gestionan el ayuntamiento han ocultado, a veces con argumentos peregrinos, los datos, las facturas, los contratos o la documentación que le han sido solicitados.
Por eso es tan importante que, seguramente en unas semanas, este municipio apruebe la llamada Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información, que destaca por dos aspectos importantes. Por una parte, ha sido redactada y aprobada por todos los partidos políticos con el asesoramiento de una veintena de técnicos y funcionarios municipales dirigidos por el secretario de la corporación. Se entiende, por lo tanto, que desde ahora esté quien esté en el gobierno se compromete a «desnudar» la gestión que realice.
Por otra, y eso afectará a todos los ciudadanos, situará a Gandia en la vanguardia de los municipios valencianos a la hora de ofrecer cuantos datos e información se soliciten por escrito.
Lo más destacado de esta ordenanza destinada a que los ciudadanos sepan a qué dedica su tiempo y su dinero la Administración es la existencia de un «procedimiento simplificado» que obligará a todos los funcionarios afectados a transferir, por el medio que el ciudadano solicite, la información o la documentación requerida. Además, si existe causa para no poder entregarla, deberá justificarse por escrito.
El ayuntamiento se obliga a poner medios materiales y humanos para conseguirlo, de ahí que se tome seis de plazo para cumplir con todos los compromisos, y, para garantizar el cumplimiento de la norma, se crea un Comité Municipal de la Transparencia que no contempla la participación activa de políticos, sino de funcionarios que tendrán el mandato de responder escrupulosamente el espíritu de la ordenanza. Por primera vez en la historia quienes incumplan o retrasen indebidamente el derecho a la información y a la documentación institucional podrán ser sancionados.
La pasada semana el concejal de Administración y Gobierno Abierto, José Manuel Prieto, señaló a este periódico que el proceso para lograr el objetivo se viene desarrollando desde el pasado mes de abril, siempre con el consenso de todos los grupos en las varias reuniones celebradas.
Aunque la intención es que los ciudadanos puedan aportar cambios en la ordenanza, cuando se apruebe definitivamente el ayuntamiento publicará el currículum y títulos académicos de los concejales, cargos públicos y personal eventual, los popularmente conocidos como «asesores», así como el de los directivos de sociedades y fundaciones en las que participe el ayuntamiento.
Todos los miembros del Gobierno local deberán hacer pública su agenda, revelar con detalle los regalos que puedan recibir y el destino de los mismos, así como todos los desplazamientos, con su coste detallado que, en ejercicio de su cargo, realicen fuera de la Comunitat Valenciana.
El ayuntamiento también se obliga a revelar no solo los contratos menores, que generalmente se realizan mediante procedimientos ocultos a la ciudadanía, sino que también serán públicas las subcontratas que un adjudicatario pueda realizar.
Incluso se podrá acceder a los permisos de obras y actividades, otorgados o denegados, con la única limitación de la Ley de Protección de Datos.
Finalmente, se regula el establecimiento de un pleno anual, cada mes de octubre, para debatir «el estado de la ciudad», se promete convocar asambleas ciudadanas y poner en funcionamiento un «canal abierto» para que los ciudadanos trasladen sus ideas y puedan obtener la información que requieran.
