El Ayuntamiento de Oliva ha logrado que la Generalitat Valenciana aplace, por un periodo de 18 meses, la orden para retirar la depuradora de aguas residuales que se construyó en el año 2008 en la urbanización de Rabdells y que, como ha fijado una sentencia judicial, es ilegal porque se hizo sobre terreno protegido afectado por el parque natural del Marjal de Pego-Oliva.
Con esa sentencia, la dirección general de Medio Natural de la Generalitat ordenó, sin posibilidad de recurso, que la depuradora fuera retirada y que el terreno volviera a su estado natural, lo que obligará a consistorio a realizar una inversión todavía por determinar.
El pasado mes de marzo, las autoridades locales conscientes de que no existe posibilidad de recurrir o anular esa orden, solicitaron al Consell autonómico que, para no causar más perjuicios al municipio, al menos tuviera en cuenta que está en trámite la redacción del proyecto para construir una gran depuradora en la zona litoral norte del municipio para tratar las aguas residuales que se generan en Oliva.
Esa petición ya tiene respuesta y, como se esperaba, la Generalitat acepta la prórroga atendiendo a que sería contraproducente tener que demoler la depuradora construida, que en su día costó 300.000 euros, y que se vertieran al mar o al subsuelo las aguas negras que trata.
Eso sí, la Administración autonómica aclara en su escrito de respuesta al alcalde que no va a dejar pasar la exigencia de retirar la depuradora ilegal y exige al ayuntamiento que le mantenga «puntualmente informado» sobre la evolución de los trámites para la construcción de la nueva depuradora.
El Gobierno local olivense expresó ayer, a través de una nota de prensa, su satisfacción por esta prórroga y confía que «en poco tiempo» el Ministerio de Medio Ambiente adjudique el contrato para la redacción del proyecto de la nueva depuradora». Si eso se produce en breve los planos estarían en un año, pero después faltaría presupuestar cerca de veinte millones de euros para la ejecución material de la estación de aguas residuales.
La depuradora de Rabdells, de gestión directa municipal, comenzó a construirse en 2008 sin la autorización que necesitaba. Entonces la Conselleria de Medio Ambiente requirió al Ayuntamiento de Oliva el permiso para su construcción en el ámbito de la zona húmeda catalogada de la desembocadura del río Bullent. El ayuntamiento no pudo aportar el documento requerido, porque no existía, y tampoco pudo «legalizar» la obra a posteriori porque se encuentra dentro del ámbito de protección del marjal.
En marzo pasado, ante el nuevo requerimiento de la Generalitat para retirar la depuradora, el alcalde, David González, y el primer teniente de alcalde, Blai Peiró, se reunieron con responsables de la Generalitat con el fin de proponer esta «solución transitoria» que ahora ha sido aceptada.
Desde hace décadas Oliva necesita una nueva estación depuradora, dado que la actual resulta insuficiente y vierte al mar agua con un tratamiento muy superficial. En varias ocasiones el ayuntamiento ha exigido a los organismos competentes que no retrasen ese proyecto, y el mismo alcalde González recordó no hace mucho, en declaraciones a este periódico, que los olivenses, como el resto de ciudadanos, nunca han dejado de pagar el canon de depuración de aguas y que, en consecuencia, la Administración no puede eludir su responsabilidad.
