Francisco Javier Bueno González, un empleado de la empresa Madiva Editorial, de la que era administrador Alejandro de Pedro, implicado en la trama de corrupción política 'Púnica', ha confesado al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que en septiembre de 2014 viajó a Gandia para cobrar de una empresa constructora un dinero que el PP local le adeudaba a De Pedro.
Esa declaración, que tuvo lugar el pasado 5 de octubre y a la que ha tenido acceso Levante-EMV, refuerza la idea de que, bajo la dirección de Arturo Torró, que era presidente del partido en Gandia, se intentó que empresas a las que el ayuntamiento adjudicaba proyectos de obras se hicieran cargo de facturas por trabajos que se habían realizado al PP.
En este caso concreto, Francisco J. Bueno pidió a esa empresa, a la que buscó en su sede de Gandia, que le pagara los servicios que Alejandro de Pedro prestó a Arturo Torró durante la campaña electoral del año 2011, cuando dirigió su posicionamiento en internet con el fin de llegar al mayor número de personas posible. En esas elecciones el PP logró la mayoría absoluta y Torró fue designado alcalde.
Lo dicho ahora por este empleado de Alejandro de Pedro e implicado en la presunta trama corrupta no supone ninguna novedad. Quien fuera vicesecretario de Organización del PP de Gandia, Dionisio Ollero, que declaró ante el juez Velasco, también le contó que había ido a la misma empresa constructora para intentar recaudar fondos para el partido, y consideró «normal» que buscara a contratistas del ayuntamiento. Ollero añadió que lo hizo por indicación de Víctor Soler, entonces secretario general del partido y hoy presidente del PP local, concejal y diputado en les Corts.
Francisco Javier Bueno señaló al magistrado Velasco que al llegar al lugar indicado, «me llamó poderosamente la atención» comprobar que tenía que reclamar una deuda del PP a una empresa constructora, y añadió que, cuando habló con el gerente le sugirió tomar un café.
El investigado de la trama 'Púnica' reconoce que, pese su petición, no consigue que la empresa constructora que tenía contratos de obras con el Ayuntamiento de Gandia le pague el dinero que reclamaba, aspecto que coincide con la declaración que, en su día, realizó el gerente.
Este hecho no es menor. En el PP de Gandia piensan que, al no haberse pagado las facturas, quedará libre de esta macrocausa judicial que implica a numerosos políticos de la Comunitat Valenciana y de Madrid.
