Además de Altoclaro, otras empresas han demandado a IPG en los juzgados por no cobrar sus facturas, lo que ha derivado en el embargo de sus bienes.
Llama la atención que otra de esas mercantiles en proceso judicial contra IPG sea Profun Management, una firma de los Estados Unidos de América a la que el exalcalde Arturo Torró le encargó, por unos 150.000 euros, un estudio de viabilidad para construir un parque acuático en la playa de Gandia.
Profun ha propiciado que las cuentas de IPG estén embargados porque aún se le deben 55.000 euros, según reveló la alcaldesa, Diana Morant, en el último pleno.
