La mayoría de los ayuntamientos de la Safor incumple de manera sistemática las leyes de transparencia, tanto la de ámbito estatal como la valenciana, tras casi cuatro años después de publicarse la primera -ambas están ya en vigor- y después de que en las últimas elecciones municipales y autonómicas, en 2015, prácticamente todos los partidos políticos llevaran esa promesa por bandera. El 38 % de los ayuntamientos de la comarca no presenta una opción específica de transparencia en sus portales institucionales de internet, según un estudio realizado por la marca Openclock.
La mayoría se limita a publicar la información elemental que ya se venía ofreciendo antes de la entrada en vigor de estas leyes, como las licitaciones o adjudicaciones públicas -la sección obligatoria conocida como «Perfil del Contratante»-, y en algunos casos, aunque no en todos, documentos relacionados con el planeamiento urbanístico.
El 62 % de municipios sí presenta un apartado o «banner» donde se anuncia «transparencia», aunque lamentablemente la presencia de esa opción no siempre es una garantía de que el usuario vaya a encontrarse con la información prometida. El 13 % restante utiliza para estos menesteres una aplicación de pago de gestión de expedientes, según las mismas fuentes.
El caso es que la transparencia no es una opción que dependa de la voluntad política del alcalde de turno sino una obligación, al amparo de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, aprobada por las Cortes Generales, que entró en vigor dos años después, en 2015. También de la ley 2/2015, de 2 de abril, de Les Corts. Esta última es de obligado cumplimiento desde su mismo año de publicación.
Durante la última campaña electoral la promesa de «más transparencia y participación» fue recurrente y asumida por todos los partidos políticos, con independencia de su color. Sin embargo, la realidad es que a pocos meses del ecuador de la legislatura a penas unos pocos ayuntamientos de la Safor se han creído la transparencia institucional como servicio público.
Las administraciones siempre han sido, en general, recelosas a la hora de publicar información relevante relacionada con la gestión y el dinero público, pero también los ciudadanos tienen parte de culpa, porque todavía no existe un hábito en el conjunto de la población de consultar o exigir estos datos. Estas dos circunstancias han permitido el incumplimiento tanto de las promesas electorales como de la ley.
La norma valenciana establece que el ciudadano «no tiene por qué preocuparse de solicitar cierta información, sino que la administración pública se la ofrece a través de los diferentes canales existentes y, fundamentalmente, a través de internet». Pero aquí también tienen mucho que decir los secretarios e interventores municpales, habilitados nacionales que deberían velar más por el cumplimiento de la ley.
Por otra parte, para que la cadena funcione con más eficacia es fundamental la implantación de la firma digital y que el funcionariado se acostumbre a unos sencillos pasos para archivar y etiquetar digitalmente los expedientes.
La eficacia de la transparencia, sobre todo si se ofrece a través de internet, depende en gran medida de las herramientas informáticas y gestores documentales que se utilicen para procesar y presentar la información. Luego estarían las cuestiones estéticas y de diseño.
Estas últimas no son tan secundarias como parece, ya que ayudan y mucho a orientar al usuario, algo fundamental para que no acabe desistiendo de su búsqueda en la navegación. Porque la transparencia no es real si no se puede acceder a todos los datos de una forma fácil, intuitiva y ágil. Además, un diseño que también debe tener en cuenta a las personas con discapacidades.
Los ayuntamientos disponen de varias alternativas para presentar los datos abiertos. Una es las aplicaciones que ofrecen a los ayuntamientos otras instituciones como el Estado o la Diputación. El problema es que estos diseños son quizá demasiado ambiciosos para pequeños municipios como los de la Safor, por lo que en muchas ocasiones las secciones se quedan vacías o «en construcción», cosa que da una sensación de falta de rigor. Por tanto, son plantillas prácticamente de trámite, ante la escasa información que ofrecen. Además, al margen de la iniciativa pública están surgiendo empresas especializadas que instalan los portales e incluso se encargan de su mantenimiento. Es cuestión de cada ayuntamiento decidir por lo que más le conviene.
Por lo que respecta a los tres municipios con mayor población, Gandia, con un enorme volumen de información, tiene un portal específico, «gobiernoabierto.gandia.org», aunque en aquellas cuestiones donde no es capaz de dar una respuesta satisfactoria redirecciona a la «web» municipal «gandia.org». El Gobierno de Gandia publica datos relativos al ayuntamiento, pero no los de la empresa pública IPG. Por otra parte, el Ejecutivo local ultima una ordenanza de transparencia.
Tavernes de la Valldigna presenta una estructura lógica, adaptada a las exigencias de la ley autonómica en una subpágina incluida en el portal municipal. Es una opción sencilla pero funcional que hace válido el principio de «menos es más».
Oliva ofrece la información de una manera confusa y algo desordenada. Al final se puede encontrar, pero no está concentrada en un único espacio sino que hay que navegar por otras opciones del menú para localizarla. Municipios como Xeresa, Miramar, Xeraco, Villalonga y l'Alqueria de la Comtessa tienen externalizado el servicio a empresas de gestión de expedientes, y poco a poco van creando un archivo público de la información que generan.
El caso de la Safor no es excepcional, ya que todavía son muchos los ayuntamientos españoles que no cumplen con estos parámetros. Se han dado pasos importantes como la retransmisión de los plenos, celebración de consultas ciudadanas por vía telemática o la interacción a través de redes sociales pero, sin duda, la transparencia marcará el reto de las administraciones, también las locales, en un futuro muy próximo.
