El Ayuntamiento de Oliva no podrá conceder licencias de obra, ni para edificios residenciales ni para cualquier otro tipo, en la enorme franja de terreno comprendida entre la carretera nacional 332 y el mar. Por extraño que parezca, así se tiene que interpretar el decreto que, sin aviso previo y sin trámite de información a otras administraciones, aprobó el pasado mes de diciembre el Gobierno de España que, entre otros aspectos, regula la actividad urbanística en zonas sometidas a algún riesgo de inundación.
Las disposiciones que se incluyen en ese Real Decreto que entró en vigor el pasado 30 de diciembre señalan que en aquellas zonas inundables con periodos de retorno de 500 años los edificios tendrían que elevarse sobre el suelo en previsión de catástrofes. Y en aquellas zonas que, según los estudios, tienen periodos de retorno de 100 años directamente se prohíbe toda construcción, bien sea residencial, industrial, terciaria o dotacional.
En esas circunstancias, y dada la cartografía de Oliva sobre riesgos de inundación, la ciudad ya no podría desarrollarse más que desde la carretera nacional hacia el interior. Y todo ello sin que el municipio haya sido previamente informado para poder presentar alegaciones, sugerencias o, en su caso, recursos.
Para más sorpresa, el Gobierno español ni siquiera ha tenido en cuenta las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años por el ayuntamiento, la Generalitat y la propia Administración del Estado para reducir el riesgo de inundaciones y, en el caso de que ocurran, poder actuar de la forma más correcta posible para minimizar los daños en bienes y, sobre todo, en las personas.
Redefinir el planeamiento
Según indica un informe técnico del Ayuntamiento de Oliva al que ha tenido acceso este periódico, este Real Decreto del Gobierno de España es mucho más restrictivo que el Pativel, nombre con el que se conoce el plan de la Generalitat Valenciana para la protección de áreas litorales, al que Oliva ha presentado alegaciones por considerar que perjudica a propietarios de terrenos privados al impedirles urbanizar. De hecho, la norma estatal estrangula la ordenación territorial de esta ciudad, que se vería abocada, si no hay modificaciones, a redefinir totalmente su planeamiento urbanístico.
Sorprendido por el Real Decreto, en el ayuntamiento ya han reaccionado. A propuesta del alcalde, David González, y del concejal de Planificación Urbanística, Blai Peiró, la Junta de Portavoces ha aprobado remitir un requerimiento previo a la presentación de acciones judiciales para impedir que se aplique este decreto del Gobierno. Oliva considera que en los últimos años ha sido uno de los municipios valencianos, y probablemente de toda España, que más acciones ha adoptado para protegerse de posibles inundaciones. Paradojas de la vida, precisamente quien no ha cumplido es el mismo Gobierno de España, que tiene paralizada la fase final del proyecto de obras contra riadas de la rambla de la Gallinera y el río Alfadalí, al no haber construido la presa de laminación de la Gallinera prevista entre los términos de Oliva y l'Atzúbia.
Además, el alcalde olivense, de Compromís, ha alertado a responsables de la Administración autonómica valenciana por considerar que este decreto del Gobierno de Rajoy no solo invade competencias de los ayuntamientos, sino también de la Generalitat, dado que el Estatut d'Autonomia establece que la ordenación territorial es competencia del Consell y que ya existen normas autonómicas, como el Patricova, que regulan los usos del suelo en aquellas áreas susceptibles de quedar inundadas.
