? El concejal de Urbanismo e Tavernes de la Valldigna, Josep Llàcer, reveló ayer a Levante-EMV que además de la cuestión urbanística, el beneficio de la construcción de la nueva depuradora deriva en una cuestión económica para las arcas municipales. Y es que, anualmente, el consistorio paga 100.000 euros a la Confederación Hidrográfica del Júcar por el mal funcionamiento de las tres estaciones que actualmente dan servicio a la localidad. Esta cantidad es en concepto de denuncia por incumplir los parámetros que la entidad dependiente del Estado establece para este tipo de infraestructuras, ya que «no dan abasto para las necesidades del municipio y supera los límites que marca este organismo». A nivel urbanístico, explicó, sectores como el 6 (entrada de la playa) se podrían desarrollar «pero agravarían los problemas actuales».
