En las pasadas elecciones (2015), y también en las anteriores (2011), el sueño de la gran mayoría de candidatos que se presentaban a alcaldes en sus municipios era el de convertir los pueblos que aspiraban a gobernar en auténticas «ciudades wifi», un lugar en el que tener acceso libre a internet por parte de sus vecinos en cualquier parte del casco urbano y desde todo tipo de dispositivos. En algunos de ellos, como es el caso de Gandia o Tavernes de la Valldigna, entre otros, han ido apareciendo en los últimos años algunos espacios en los que los vecinos o visitantes pueden engancharse a la conexión wifi en ciertos espacios públicos y al aire libre para poder chatear con sus conocidos o visitar algún tipo de página web.
Las administraciones locales, sin embargo, se han encontrado con un muro legal a la hora de desarrollar este proyecto. Es más, desde hace tres años estas conexiones son ilegales. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) prohibió en 2014 que los ayuntamientos puedan ofrecer internet gratuito y público en las calles para no competir con las compañías telefónicas, que ofrecen este servicio previo pago de un tarifa. Con este mandato, este organismo limita el radio de acción de los consistorios en esta materia a edificios públicos, educativos o bibliotecas, siempre y cuando haya un punto con ordenadores desde los cuales los usuarios puedan tener acceso a internet.
El Ayuntamiento de Gandia, aprovechando la necesidad de adaptarse a la normativa estatal, ha aprobado una ordenanza municipal, la primera en la comarca de la Safor, para regular el uso del wifi en los espacios públicos por parte de los ciudadanos. Se acabó la barra libre sin ningún control.
Lo más destacado de esta nueva normativa es que, al contrario de lo que ocurría hasta ahora, los usuarios que utilicen la señal municipal deberán identificarse con un nombre y contraseña.
A partir de que se ponga en marcha este nuevo mecanismo, todos los usuarios y las páginas que visiten quedarán registradas en un servidor central que estará ubicado en el consistorio. El objetivo, según explicaron a Levante-EMV desde el departamento de Modernización que dirige el concejal José manuel Prieto, no es, ni mucho menos, «controlar las páginas que visitan los ciudadanos», sino contar con un registro para que, en caso de que sea necesario, poner esa información en conocimiento de las autoridades judiciales o policiales, porque se ha detectado un acceso a ciertos espacios interactivos mediante la red pública que podrían conllevar la comisión de delitos. Desde el consistorio ponen como ejemplo que alguien pueda acceder a sitios de contenido yihadista o llevar a cabo algún delito de los llamados cibernéticos. Como resulta obvio, este registro se pondría a disposición de los investigadores para esclarecer los hechos.
Esta consideración no es en balde. Y es que conectarse a una red de wifi pública sin registro, permite que la persona que lo hace pueda operar sin que esa acción conste en ningún lugar, lo que pude hacer atractivas estas prácticas para aquellos que se dedican a delinquir.
Otro cambio importante que regula la nueva ordenanza pública son los espacios desde donde se podrá acceder a la señal inalámbrica que ofrece el Ayuntamiento. Se acabaron los corrillos alrededor del edificio consistorial para engancharse a la red. También el servicio que se ofrecía en la plaza del Prado o de la primera línea de la playa. A partir de la puesta en marcha del nuevo wifi público solo habrá conexión abierta en las bibliotecas, centros sociales, el edificio de la Universitat Popular de Gandia (UPG) y, en definitiva, en aquellas sedes de la administración en la que se instalen al menos un ordenador para uso público. Además, la señal no llegará mucho más allá de los muros de esos edificios.
Cambio de equipos
Para la puesta en marcha de este nueva red, el Ayuntamiento sustituirá los actuales equipos por otros más adecuados a la nueva configuración. Hasta el momento, en cada uno de los puntos de la ciudad en que se ofrecía el acceso a internet gratuito había un dispositivo autónomo que solo daba señal a esa zona y funcionaba de forma convencional, como cualquier conexión doméstica.
Ahora, en cambio, se instalará un gran servidor en el ayuntamiento que, por fibra óptica, dará suministro de la red a los distintos edificios. En estos puntos se instalarán las antenas de wifi para que los usuarios puedan aprovechar la conexión.
El ayuntamiento no desconectará un sistema hasta que se implante el nuevo, que se espera que esté listo para principios de verano. La puesta en marcha en los distintos edificios se llevará a cabo de forma progresiva. En algunos casos se aprovechará la antena existente y en otros se instalará un nuevo dispositivo.
Hay que aclarar que el servicio dispondrá de una banda ancha limitada para impedir que se puedan, por ejemplo, realizar descargas ilegales de películas, libros, música, etc. Las páginas que se visiten por parte de los usuario, lógicamente, son responsabilidad de cada uno siempre que no se incurra en ningún delito.
