Como ha venido informando Levante-EMV, ese día entrará en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, una normativa estatal que pretende lograr la accesibilidad universal. Este objetivo no sólo atañe a las instituciones públicas. Comercios, comunidades de vecinos, empresas, y en general los establecimientos privados también deben ponerse las pilas para cumplir la ley en estos últimos tres meses.
No obstante, ha habido tiempo ya que hace una década que en España empezó a configurarse el marco legal para proteger los derechos de las personas con discapacidad, diez años en los que también ha aumentado la concienciación de la ciudadanía en general hacia este colectivo.
Pero queda mucho por hacer. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ya ha advertido que cumplir este plazo va a ser muy difícil, si no imposible.
En el espacio público todavía hay municipios que tienen barreras, especialmente los de menor población. Bordillos sin rebajar en pasos de peatones, falta de rampas o de estacionamientos reservados son las principales carencias. Los nuevos desarrollos urbanísticos (a partir de 1998) sí que lo han tenido en cuenta.
En cuanto a las viviendas, la mayoría de los bloques necesita ajustes de accesibilidad. Hay vecinos que apenas salen de casa porque la finca no tiene ascensor. La administración ofrece ayudas de hasta 4.000 euros para instalar ascensores, rampas, salvaescaleras o plataformas elevadoras en las comunidades de vecinos que faciliten la entrada o salida del inmueble, pero hay que estar atentos a los plazos. Los gastos de estas obras deben ser abonados por todos los propietarios.
En el transporte el problema más grave está en los trenes de Cercanías, ya que no todos tienen rampas para acceder desde el andén. La única manera de informarse cuándo pasa un tren adaptado es llamando por teléfono o preguntando en la taquilla. Estas diferencias se agrandan si se suman las barreras en el transporte y la comunicación. En Gandia, por ejemplo, ni los autobuses de l'Urbà ni los de La Marina tienen un sistema que anuncie por voz las paradas, algo que supondría una gran ayuda para ciegos o deficientes visuales. Otras cuestiones que contempla la ley son incluir subtítulos en la programación televisiva o tener adaptadas las páginas de «web» de las administraciones públicas.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Estatal) mantiene la campaña «Horizonte Accesibilidad 4 de diciembre de 2017» en la que anima a denunciar las barreras, entre otras vías, a través de las redes sociales.
Eliminar barreras no sólo beneficia a discapacitados, también a personas con movilidad reducida como ancianos, embarazadas, los que transportan el carro de un bebé o repartidores que trabajan cada día en las calles.
En Gandia los diferentes gobiernos se han tomado en serio en los últimos 20 años la accesibilidad, por lo que actualmente no es una ciudad que tenga problemas graves en esta materia. Las actuaciones de renovación urbana en el lugares como el centro histórico, el Raval, o la fachada marítima a finales de los años 90 recogieron estas sensibilidades.
Pero todavía está lejos de ser una ciudad 100% accesible, como pudo comprobar este periodista acompañando en sendos paseos a Manuel Arronis, en silla de ruedas, y a Marifé García, invidente.
El recorrido se limitó al centro de la ciudad, pero fue suficiente para detectar los problemas más comunes. Hay que ponerse en su lugar para darse cuenta que la calle está llena de barreras, no sólo las arquitectónicas, sino otras provocadas por la falta de civismo, que les perjudican especialmente, como excrementos de perros, terrazas que invaden la superficie establecida, o carteles que anuncian menús u ofertas. «Todavía hay comercios en el centro y especialmente en la calle Major que no tienen rampa; yo a veces tengo que comprar desde la calle», indica, molesto, Manuel, que precisamente regenta un comercio en el centro histórico.
Marifé, con 54 años y madre de un hijo adolescente, es un ejemplo de superación. Ciega de nacimiento, se desenvuelve en las situaciones de la vida cotidiana, estudia en la Universitat dels Majors y sale bastante a la calle. Valora, por ejemplo, los mandos que reparte el ayuntamiento y que permiten activar las indicaciones sonoras de los semáforos, «algo que se hizo durante el Gobierno de Orengo», recuerda.
Pide más señalización en el pavimento, pero sobre todo más civismo, ya que para ella supone un peligro toparse con retrovisores de furgonetas, o que no se respete en la acera el pasillo de 1,50 cm de ancho y 2,20 cm de alto que por ley debe quedar libre de obstáculos desde cualquier fachada.
