La Gerencia Regional del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado en Oliva 2.706 ampliaciones, construcción o mejoras de viviendas, tanto en suelo urbano como rústico, que no han sido regularizadas por sus propietarios.
Las inspecciones realizadas por el Catastro, que incluyen el uso de imágenes aéreas, ha derivado ahora en el envío de cartas a los propietarios de las viviendas con el fin de que actualicen sus inmuebles, los adapten al valor catastral correspondiente y abonen los impuestos correspondientes, incluso aquellos que no han pagado durante los últimos 4 años.
Las regularizaciones catastrales hace años que se están llevando a cabo en la mayoría de municipios españoles. En Gandia también fueron miles los casos detectados y no declarados que afloraron a consecuencia de las inspecciones.
Como entonces en Gandia, ahora la notificación que se envía a los olivenses es una «propuesta de acuerdo» para que los propietarios acepten la modificación catastral que la inspección ha detectado. Existen ampliaciones de inmuebles, reformas y nuevas construcciones, de manera que cada propietario puede aceptar el documento remitido o presentar alegaciones si consideran que se trata de un error o que no se ajusta a la realidad.
Aunque el Ministerio de Hacienda indica que las regularizaciones catastrales se llevan a cabo para garantizar que la obra en cuestión es la que figura en los documentos catastrales, a nadie se le escapa el factor de «hacer caja» mediante la actualización de los valores y, por lo tanto, del pago de impuestos por parte de los propietarios. Entre esos impuestos figura el de Bienes Inmuebles, que supone casi siempre la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos.
En el caso de que se compruebe que ha habido modificaciones de inmuebles, la Administración estaría en la obligación de reclamar la parte del impuesto que no se ha abonado.
