El alcalde de Villalonga se ha convertido en poco más de un mes en un coleccionista de sentencias en contra. El socialista Enric Llorca ha vuelto a perder otro procedimiento judicial interpuesto contra su gestión, y ya van cinco en solo unas semanas. En este caso se trata de un contencioso administrativo que interpuso una trabajadora, Ana Escrivà, que ocupaba un puesto de administrativa en régimen de funcionaria interina y que fue despedida en 2016. Concretamente, esta empleada estaba al cargo del departamento de personal.
Esta trabajadora, además, fue despedida mientras estaba de baja y fue una patrulla de la Policía Local la que se desplazó hasta su casa para informarle de la decisión, como recordaban ayer desde el sindicato UGT a través de un comunicado.
El gobierno local justificó su despido alegando que la plaza que ocupaba había sido adjudicada a otra persona mediante un procedimiento de promoción interna. La trabajadora, sin embargo, no aceptó aquel argumento y presentó un recurso judicial que ahora se ha resuelto en su favor y que obliga al ayuntamiento de Villalonga a readmitirla, abonándole, además, las cantidades que ha dejado de percibir durante los meses en que ha estado fuera de su puesto.
La sentencia alega que, al contrario de lo que se señalaba el ayuntamiento y tras analizar la documentación aportada, la persona que logró la promoción interna no ocupaba la misma plaza que esta funcionaria interina, por lo que dicho despido «no está ajustado a derecho».
En concreto, la recurrente ocupaba, según apunta la resolución judicial, la plaza de administrativo C1 con complemento de destino 22, mientras que el trabajador que supuestamente sustituía esa optó por la plaza de administrativo C1 pero con complemento de destino entre 16 y 19. Es por ello que el magistrado considera que no se trata de la misma plaza y anula, por tanto, el despido de la funcionaria.
La sentencia señala, además, que el Ayuntamiento de Villalonga no dispone de una relación de puestos de trabajo.
Detrás de la denuncia se encuentra, de nuevo, el sindicato UGT, entidad que está enfrentada al alcalde desde el principio de esta legislatura. La formación denunció ayer, a través de un comunicado, que el despido de esta funcionaria interina se debió a que se negó «a secundar las contrataciones a dedo realizadas por el Alcalde y su equipo de gobierno», indicaron ayer a través de un comunicado.
Desde el sindicato volvieron a atacar con dureza a Enric Llorca al que acusaron de «confundir el Ayuntamiento con su cortijo particular» y de «atentar contra los derechos de los trabajadores que no le rinden pleitesía, insultándolos, expedientándolos, persiguiéndolos con detectives privados o despidiéndolos».
La formación recuerda que este nuevo procedimiento le costará al ayuntamiento de Villalonga 40.000 euros que incluyen los salarios dejados de percibir, los pagos de seguridad social no satisfechos, y los intereses.
Además, desde la UGT avisan al alcalde de que «acudiremos a la vía penal para que sea su bolsillo y su patrimonio el que pague su brillante gestión».
