Reducir las emisiones de CO2 en un 40% antes del año 2030. Ese es el objetivo al que se han comprometido 25 municipios de la Safor mediante la adhesión al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía.

La gerente de Divalterra, Agustina Brines, acompañada por el presidente de la Mancomunitat de la Safor y alcalde de Xeresa, Tomàs Ferrandis, ha presentado ante 25 municipios de esta comarca las claves de esta iniciativa europea de la que la Diputació de València, a través de su área de Medio Ambiente, actúa como coordinadora territorial.

Según explicó Brines, el Pacto de Alcaldías supone un punto de partida para luchar contra este fenómeno, estableciendo una metodología común que permite coordinar las diferentes actuaciones. En la Safor el municipio que ha servido de prueba para la reducción de gases que generan el cambio climático fue Potries, desde donde se trasladará al conjunto de la comarca.

Durante una jornada informativa celebrada en la sede de la Mancomunitat de la Safor, los alcaldes que han inscrito a sus municipios en este Pacto por el Clima y la Energía se comprometieron a impulsar el autoconsumo de energía y la movilidad eléctrica, entre otros aspectos.

Muchos de los ayuntamientos inscritos, entre ellos Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna o la Font d´en Carròs, ya disponen de cargadores públicos para coches y motos eléctricas, animando así a los ciudadanos a adquirir este tipo de vehículos que no contaminan.

El área de Medio Ambiente de Divalterra ha trasladado a los municipios adheridos al Pacto de las Alcaldías las primeras acciones a realizar para la elaboración de los diferentes documentos que conlleva esta iniciativa.

Así, en una primera fase, se recopilarán en cada población los datos referentes a los consumos de energía en el municipio, que permitirá la elaboración del Inventario de Emisiones de Referencia (IER).

En el IER se evalúan los consumos de electricidad y combustible, tanto del sector municipal (instalaciones públicas, alumbrado, flota municipal y transporte público) como del no municipal (instalaciones y equipamientos del sector terciario, edificios residenciales y transporte privado y comercial) para establecer medidas que permitan reducir consumos de energía y promover nuevas prácticas dirigidas a mitigar el cambio climático.

En una segunda fase se realizará el estudio de Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades de cada municipio para reducir los posibles daños derivados del cambio climático sobre población e infraestructuras. De manera paralela, se elaborará un catálogo de medidas, concretas y adaptadas a cada municipio, para reducir el consumo de energía y promover nuevas prácticas dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático.

Un reto, sobre todo, ciudadano

La reducción, casi a la mitad, de las emisiones de CO2 en el plazo de los once años y medio que quedan para 2030 supone un reto importante para la Administración pero, sobre todo, para el conjunto de los ciudadanos. Porque son ellos los que, a criterio de las autoridades, deberán cumplir con ese proceso de «transición energética» que supone abandonar el coche de gasolina, y también en buscar siempre la máxima eficiencia para no derrochar la más mínima energía.