El próximo domingo 3 de abril será el último en que todos los comercios de la ciudad de Valencia podrán abrir como un día cualquiera. Será el epílogo de la liberalización total de los horarios comerciales que el Ayuntamiento de Valencia comenzó a aplicar en 2013, cuando Rita Barberá dibujó sobre el mapa del cap i casal cinco zonas de gran afluencia turística que, en la práctica, han dado libertad de horarios a todos los centros comerciales y grandes superficies.
La capital ha sido escenario del choque entre los nuevos gobiernos de izquierda y la gran empresa. Pero también ha sido el primer lugar en que han llegado a un acuerdo. Todos han cedido. El equipo de gobierno de Compromís ha renunciado a su promesa a los trabajadores de eliminar la libertad horaria para favorecer la conciliación de la vida personal y laboral.
Acepta dejar dos zonas de gran afluencia turística, en el centro y el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí, entre la calle Colón y los centros comerciales Aqua y El Saler, se concentran buena parte de los grandes operadores: El Corte Inglés, las tiendas de moda, Media Markt, Carrefour, Fnac...
El gran comercio, con todo, también renuncia a abrir en domingos y festivos sus tiendas de Nuevo Centro, el Arena (estadio del Levante UD), Campanar o el entorno del nuevo Mestalla. Además, se compromete a mantener los puestos de trabajo y no judicializar el conflicto. «Siempre he dicho que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito», explica Carlos Alfonso, portavoz de la patronal de grandes superficies (Anged) y uno de los actores principales del acuerdo. «Cuando ha habido oportunidad hemos negociado y hemos demostrado nuestra voluntad del dialogo», añade.
UN GALIMATÍAS JURÍDICO
Ayuntamientos, Consell y Estado: tres reguladores en conflicto
La libertad horaria, en cualquier caso, es un conflicto poliédrico que trasciende operadores y territorios. El pequeño comercio la ve como un enemigo al no poder competir con las grandes superficies, con músculo para contratar personal a tiempo parcial; o, directamente, con la capacidad de obligar a sus empleados a trabajar en festivos vía convenios, lamenta la portavoz de Covaco, Amparo Barroso.
El meollo del problema se encuentra en una normativa confusa en la que todos (Gobierno, autonomía y alcaldes) tienen competencias sobre la declaración de zonas de gran afluencia turística, que son las que tienen libertad horaria. Rajoy obligó en 2012 a las grandes ciudades, entre ellas Valencia y Alicante, a tener al menos una zona de gran afluencia. Pero es la Generalitat la que fija los criterios para concederla, a saber: concentración de plazas hoteleras; segundas residencias; monumentos Patrimonio de la Humanidad; eventos deportivos o culturales; presencia de cruceros, o turismo de compras. Pero en última instancia, la decisión depende de los ayuntamientos, que son los que piden que su término, o parte de él, tenga libertad horaria para el comercio.
Es esa competencia municipal la que, en opinión de muchos, genera el problema. Por ejemplo, los agravios comparativos entre operadores comerciales en la frontera entre dos poblaciones. Ha pasado en el entorno de Valencia, y ha motivado la judicialización del conflicto por vulneración de la unidad de mercado. Es el caso del Gran Túria de Xirivella, con caída de visitantes y fuga de marcas, o el MN4 de Alfafar, también afectado al no poder competir con los centros de la capital, a pocos kilómetros. Ambos han recurrido a Competencia (CNMC) al ver cómo sus municipios han renunciado a la libertad horaria. Siguen esperando respuesta de los tribunales.
Con tanto regulador, ha habido hasta conflicto de competencias entre administraciones. El Gobierno estuvo a punto de llevar al Constitucional el decreto autonómico (del PP de Fabra) al considerar que los criterios para fijar si una zona de gran afluencia eran demasiado restrictivos. El mundo al revés: fue el propio equipo de Compromís, enemigo de la libertad horaria, quien tuvo que modificar la norma y hacerla más permisiva.
SIN SOLUCIÓN A LA VISTA
Conflicto en Alicante y frialdad ante el pacto autonómico
Para acabar con el avance de la libertad horaria y los conflictos derivados de los distintos niveles de regulación, el conseller de Economía, Rafa Climent, propone una solución global para toda la C. Valenciana. La idea, grosso modo, pasa por que todos los comercios de la autonomía tengan libertad horaria en determinados momentos del año, como Semana Santa, verano y Navidad: entre 18 y 22 festivos al año para todos a cambio de la paz definitiva. Un punto intermedio entre el mínimo legal de diez festivos y la liberalización a la que aspira el gran comercio.
La propuesta, sin embargo, no parece entusiasmar a nadie. El pequeño comercio y los sindicatos han respondido con frialdad. No les convence una «solución» que llevaría un debate a ciudades donde ahora no se plantea. La idea de Climent busca frenar al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, que en pocas semana ha pasado de suprimir la libertad horaria a defender ahora un cambio que permita la apertura total, eso sí, a cambio de generar 600 empleos.
EFECTO CONTAGIO
La libertad horaria llega a 56 municipios y 22 más en previsión
Mientras se busca esa solución global para toda la autonomía, los municipios, sobre todo costeros, han ido haciendo camino, con declaraciones de zona de gran afluencia totales o parciales para determinadas áreas de su término o determinados momentos del año. Los alcaldes, salvo cuando el pequeño comercio plantea batalla, ven la libertad horaria como un atractivo para hacer sus municipios más competitivos. Solo un ejemplo: Pullmantur ha llevado de Valencia a Alicante un crucero por, en otras cosas, el atractivo del comercio abierto todo el año.
En estos momentos, existen 56 localidades que tienen libertad horaria en todo o parte de su término municipal (todo el año o concentrado en verano o Semana Santa). La mayor concentración se da en la costa alicantina. Y la lista sigue creciendo. La conselleria maneja previsiones que sitúan en los próximos meses 22 municipios más con zona de gran afluencia, en aquellas ciudades que ya lo han manifestado o las que tienen grandes operadores comerciales. Las cifras son claras: en 1994 había 4 municipios con ZGAT; hoy ocupan casi toda de costa y afectan al 45% de la población. Ha sido el efecto contagio de Valencia en 2012 lo que disparó la tendencia.
Es en ese contexto de expansión de la libertad horaria en el que se enmarca la propuesta autonómica, con el objeto de frenar esa mancha de aceite. El debate, en realidad, está muy lejos de tocar a su fin: «Como gobierno no vamos a renunciar ni en la Generalitat ni en el Estado a nuestras competencias en materia de comercio. Utilizaremos todas nuestras influencias», asegura el director general de Comercio, Natxo Costa.
La conselleria juega con dos barajas. En Valencia apuesta por el pragmatismo, buscando acuerdos de mínimos que recorten la libertad horaria. En Madrid, maniobra en pro de la mayor: lograr que el número de domingos de apertura permitida se reduzca a la mínima expresión.
En esa línea, Costa pedirá al resto de autonomías en el consejo sectorial del comercio que se fije por ley para toda España un número máximo de domingos y festivos de apertura. Por otro flanco, Compromís como partido pide en el Congreso que se elimine la obligatoriedad de que ciudades como Valencia tengan zonas de gran afluencia turística, que es lo que desencadenó el conflicto. Pondrán este asunto en la negociación para formar Gobierno.
DECEPCIÓN EN LAS TIENDAS
«Es mejor que lo que había pero no se cumple las expectativas»
El debate de la libertad horaria, junto con la gestión privada de la sanidad, ha escenificado el choque entre el Consell de izquierda y la empresa privada. Y tiene una derivada política. El PSPV ha evitado el debate; Compromís lo ha abanderado y eso le ha generado desgaste entre los trabajadores, especialmente en Valencia, donde UGT y CC OO han salido a la calle. «Cuando hablaron de limitar la libertad horaria al entorno de la Lonja crearon unas esperanzas que al final no se ha cumplido. Es mejor que lo que teníamos pero no se han cumplido las expectativas», lamenta Esteban Ramos, de UGT. Los sindicatos volverán a protestar. El debate continúa.
