Es célebre la metáfora techo de cristal: alude a la barrera invisible que dificulta el acceso y promoción de mujeres cualificadas a puestos de responsabilidad y poder. Menos conocido es el techo de cemento: las barreras que se autoimponen las mujeres en el terreno profesional por el alto coste familiar y personal que comporta el salto profesional. Autoimpuestas o no, son distintas las barreras a las que se han enfrentado las leyes y medidas aprobadas en la última década para conseguir un avance en la igualdad real entre hombres y mujeres. Especialmente en dos frentes clave: la participación de la mujer en la política y el combate contra la violencia machista.
Un ensayo académico presentado el jueves y en el que han participado dieciséis profesores, catedráticos y representantes de la abogacía y la judicatura „Mujer e igualdad: participación política y erradicación de la violencia (Huygens Editorial)„ analiza desde una perspectiva crítica la efectividad real de algunas medidas emblemáticas en estos campos y las lagunas que ha originado su aplicación.
Cuota electoral poco eficaz. El catedrático Manuel Martínez Sospedra, de la Universidad Cardenal Herrera CEU, revisita la cuota electoral establecida en la Ley de Igualdad de 2007 „que en las listas electorales cada sexo no supere el 60% ni baje del 40 %„ y constata que su eficacia ha sido «más bien escasa» más allá de su simbolismo. La tendencia al alza de la presencia de mujeres en las instituciones, afirma, fue anterior a la paridad establecida por ley y el salto más importante se produjo antes de su entrada en vigor.
En el conjunto de España, los datos que aporta Martínez Sospedra reflejan el desequilibrio institucional por sexos: el 35 % de concejales, un 17 % de alcaldesas, un 13 % de presidentas de diputación, un 43 % de diputadas autonómicas y un 34 % de consejeras autonómicas. Los datos son de 2014.
Muy contundente en este sentido se muestra la profesora Ainhoa Uribe: la ley «no ha tenido el éxito esperado». Más bien, dice, «ha conseguido sentar mujeres en escaños antes ocupados por varones, aunque ellas siguen siendo las segundonas e incluso parece que van de relleno en las listas, puesto que la ley no ha conseguido darles el impulso necesario».
No es casual, según acredita su estudio, que el Senado se convirtiera hasta las pasada legislatura en la casa de la igualdad entre sexos. A menor importancia del puesto o la institución, mayor permeabilidad a que accedan mujeres. Es la tónica que exhiben los partidos políticos hasta el momento. Tras las últimas Generales, el 39,4% de los escaños del nuevo Parlamento lo ocupan mujeres. En el Senado actual también es del 39 por ciento.
Más denuncias, más muertas. Una década después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de protección integral contra la violencia de género, el doctor en Derecho Joaquín J. Marco lamenta uno de los grandes agujeros: «el número de fallecidas no ha conseguido frenarse». En España, en 1999 hubo 54 fallecidas por violencia machista. El año pasado fueron 60. No ha habido ningún año que bajara del medio centenar de asesinadas. En la Comunitat Valenciana, el dato es escalofriante: en 2015 se llegó al máximo con 11 mujeres asesinadas por las zarpas del feminicidio.
En el lado positivo aparece un aumento de la concienciación social que brotó como reacción al asesinato en diciembre de 1997 de Ana Orantes, una mujer quemada por su marido como consecuencia de la presencia de la víctima en un programa de televisión en el que públicamente denunció el maltrato que había sufrido desde el principio de su matrimonio por parte del hombre del que se había separado poco antes.
Además de la visibilización de la lacra, «muchas de las víctimas han visto mejorada su asistencia» gracias a la ley. También se constata un aumento en el número de denuncias: más de 126.000 en 2014 (16.635 en la Comunitat Valenciana) que permiten intuir que se va rompiendo el silenciamiento de esta violencia doméstica.
El análisis de Joaquín J. Marco señala puntos negros en la aplicación de la ley por la «falta de medios materiales y humanos» desplegados. Falta de inspección educativa de estereotipos sexistas en los libros de texto; ausencia de campañas mediáticas dirigidas a los maltratadores; insuficiente formación del personal sanitario para que sea capaz de destapar en las consultas los casos de violencia machista ocultos; escasez de órganos judiciales, fiscales, abogados del turno de oficio y forenses especializados en la materia; insuficiente dotación policial en las unidades especializadas; o falta de sistemas de teleasistencia o telealarma para las mujeres con órdenes de protección, así como de brazaletes electrónicos para agresores. También reclama el autor programas comunes y efectivos de reeducación y rehabilitación de los agresores.
El derecho a no declarar. Las abogadas Concepción García Hurtado y María José Hurtado Mullor, desde su experiencia como letradas de las víctimas, subrayan uno de los principales problemas: «los posteriores cambios de criterio, retractaciones o negativas a declarar de las víctimas que han denunciado e, incluso, prestado declaración en calidad de perjudicadas en sede judicial». El resultado es que esta vía de escape de la víctima del procedimiento «origina multitud de sobreseimientos durante la instrucción de la causa y de sentencias absolutorias por falta de acreditación de los hechos, cuando la prueba de cargo se basa exclusivamente en el testimonio de aquella». Se aferran al derecho de la víctima a no declarar contra su familiar acogiéndose a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A este respecto, la profesora de Derecho Procesal Rosa Pascual aboga por una reforma legislativa que excluya esa prerrogativa a no declarar «al testigo en el que concurra la condición de víctima del hecho delictivo». Pero no es tan sencillo, añade. Porque la testigo-víctima podría optar por mentir antes que declarar en contra de su pareja, con lo que incurriría en un delito de falso testimonio. Doble víctima.
Pantallas trasnochadas. La comunicación es otro pilar del ensayo. La profesora Begoña Echevarría exige un «uso responsable de la información» sobre la violencia contra las mujeres con una receta básica: más reportajes y entrevistas, que den profundidad y voz a las víctimas que escapan a la lacra. En el plano de la publicidad, Mª Rosario García Cubells deplora que, en torno a la mujer, «una imagen trasnochada aún pervive en el mundo de la publicidad y la comunicación de cualquier marca, ya sea grande o pequeña. Este desfase, respecto al llamado signo de los tiempos, no puede justificarse», esgrime.
Las historias de violencia en la ficción las aborda la profesora Begoña Siles, que destaca cómo desde los años 60 «las pantallas cinematográficas y televisivas han ido proyectando, bajo la mirada fascinada del público y de los críticos, películas y series de ficción televisivas donde los personajes femeninos son objeto de todo tipo de vejaciones y humillaciones hasta la muerte. Películas y series independientes, comerciales o de culto». Psicosis, La naranja mecánica, El silencio de los corderos, Twin Peaks, Átame o Tesis. Las palabras de su protagonista suenan demasiado reales: «Me llamo Ángela y me van a matar».
