La Política Agraria Común (PAC) es una de las políticas europeas más antiguas y arraigadas de la UE. Hoy en día, pasados los 50 años de su entrada en vigor, siguen de actualidad los principios sobre los que se asentó en sus inicios: aumentar la productividad agrícola promoviendo el progreso técnico y garantizando un uso óptimo de los factores de producción, en particular la mano de obra, garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores, estabilizar los mercados, asegurar la disponibilidad de los abastecimientos y garantizar unos precios razonables a los consumidores. España se integró en la UE en 1986 y, desde entonces, se han recibido desde Bruselas muchos fondos dirigidos al sector agrario; hemos integrado plenamente su normativa y nuestra Administración es un eslabón más en la gestión de ayudas y subvenciones. Sin embargo, a pesar de las sucesivas reformas de la PAC y la implementación de sus repectivos reglamentos, la situación del sector agrario en la Comunitat Valenciana está alcanzando unos niveles preocupantes.
La C. Valenciana tiene alrededor de 120.000 explotaciones agrarias, de las cuales el 83% tiene menos de una Unidad de Trabajo Agrario (UTA). Se trata, además, de un sector envejecido: aproximadamente la mitad de los titulares de explotaciones tiene más de 65 años. Apenas hay unos pocos miles de titulares de explotaciones agrarias menores de 40 años. Si a esto le añadimos la escasa presencia de mujeres como empresarias agrarias o en los órganos directivos y representativos. Queremos una PAC que dé solución a las carencias de nuestro sector agrario. Queremos que la agricultura y la ganadería sean profesiones dignas, atractivas y rentables. Los productores merecen tener unos ingresos estables y desarrollar su actividad con normalidad, como en cualquier otro sector económico. Somos partidarios de primar y potenciar prácticas agrarias sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, ya que aquello que más caracteriza al sector agrario es su importante papel como mantenedor del medio natural.
Para asegurar una remuneración justa a los productores es imprescindible el buen funcionamiento de la cadena alimentaria. Es lamentablemente habitual que la distribución y las grandes cadenas hagan valer su posición dominante en detrimento del productor, que acaba incluso vendiendo a pérdidas. Abogamos por fortalecer la posición del productor primario a través del apoyo a entidades asociativas y organizaciones interprofesionales. Queremos, también, que desde la UE se diseñen herramientas para detectar prácticas desleales de comercio al tiempo que se incentiva la transparencia en las transacciones comerciales. El Primer Pilar de la PAC es necesario en lo que respecta a su función como asegurador de las rentas de los productores.
Los cultivos mediterráneos
No obstante, su concepción actual, basada en la consolidación de derechos históricos, castiga a la agricultura mediterránea, productora de frutas y hortalizas, subsector que nunca ha sido perceptor de pagos directos. Es el momento de dar solución a este agravio comparativo, desvinculando los pagos directos de los derechos históricos. Eso sí, teniendo en cuenta la realidad de nuestras estructuras productivas y las limitaciones naturales de nuestra geografía. Es también necesario establecer medidas de intervención ante la gran volatilidad de los mercados. Han de establecerse mecanismos para que, ante hechos como el veto ruso, los productores no queden totalmente desamparados e incurran en pérdidas. El segundo pilar de la PAC es el que ha de impulsar la mejora y modernización de nuestras estructuras agrarias.
El futuro del sector agrario depende de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria; jóvenes formados que se instalen en una explotación bien dimensionada y viable económicamente. Sin duda, el gran inconveniente de la PAC es su complejidad en la gestión. Aligerar la excesiva burocracia y simplificar la tramitación administrativa se hacen imprescindibles para que la aplicación de la política agraria no quede ahogada en montañas de papeles dentro de los despachos.
No podemos olvida la necesidad de establecer unas reglas que aseguren la reciprocidad en el comercio exterior. Ha de imponerse a las exportaciones las mismas exigencias fitosanitarias y de calidad que tenemos implantadas en la UE. Bajar la guardia en controles nos llevará a ser puerta de entrada de plagas y enfermedades. La seguridad fitosanitaria no puede ser pieza de cambio en negociaciones comerciales.
