22 de marzo de 2016
22.03.2016
Tribunales

El juez da por válida la ampliación de capital de 2009

La querella contra Llorente y Olivas, entre otros, es sobreseída «porque no hay indicios de delito societario»

22.03.2016 | 04:15
Llorente, Olivas, Gerardo Camps y De Miguel, el día que se firmó la ampliación.

Cronología

  • OCTUBRE DE 2012
    Presentación a la Audiencia Nacional
    Un grupo de accionistas liderado por el abogado Andrés Sanchis, presentó la querella por supuestas irregularidades en la ampliación de capital. La Audiencia Provincial se declaró incompetente para resolver esta causa y lo trasladó a un juzgado de Valencia.
  • FEBRERO DE 2013
    Admitida a trámite
    El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia admite a trámite la querella. Llamará a declarar como imputados a Llorente, Piles, Gómez y Olivas.
  • JULIO DE 2013    
    Causa archivada
    El juez archiva la querella. Los denunciantes interponen un recurso.
  • NOVIEMBRE DE 2013    
    La Audiencia Provincial ordena retomar el caso
    El Tribunal ve indicios de delito y reabre la causa. El fiscal pidió que se adjunte la «due diligence».
  • ENERO DE 2014    
    Llorente, Piles, Gómez y Olivas declaran
    Llorente aclaró que la ampliación se hizo por la necesidad de democratizar el club.
  • JULIO DE 2014
    Liberar la venta del club
    Andrés Sanchis modificó la denuncia para dar confort jurídico a Peter Lim a la hora de comprar el Valencia, ya que era una de las contingencias para cerrar la operación.

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha acordado sobreseer la causa abierta contra los responsables de la ampliación de capital del Valencia de 2009. La denuncia fue interpuesta en su día por un grupo de accionistas liderado por el abogado Andrés Sanchis por un presunto delito societario contra el expresidente del Valencia CF, Manuel Llorente, y los exconsejeros Javier Gómez y Társilo Piles, así como contra el expresidente de Bancaja José Luis Olivas . La querella, tal como en su día informó Levante-EMV, estaba relacionada con la financiación otorgada a la Fundación Valencia CF de cara a la ampliación de capital acordada en 2009. Una operación que sirvió para rescatar al club de la Operación Dalport y que la mayoría accionarial quedara en manos del Patronato. Para que fuese posible, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, avaló un crédito de 75 millones de euros de la extinta Bancaja, pese a que la Fundación no tenía recursos para pagar aquella deuda, como así quedó probado en los años posteriores. Aquello desembocó en los impagos de las cuotas al banco y en la obligación del Consell a responder con un pago de 4 millones de euros.

Según el auto de fecha 18 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez señala en relación al préstamo de 75 millones que Bancaja otorgó a la Fundación Valencia CF que «no existe indicio alguno de que a la cantidad recibida en concepto de préstamo se le haya dado destino distinto a aquel para el que se solicitó».

Los querellantes denunciaban que los 75 millones del préstamo de Bancaja para la ampliación de capital fueron destinados a «elevados pagos a dirigentes» que «no deberían haberse satisfecho» por el «mal estado económico» de la entidad, y se dirigían contra el expresidente y exvicepresidente del club, Manuel Llorente y Javier Gómez; el responsable de la fundación, Társilo Piles y el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Según estos socios, los dirigentes decidieron celebrar una junta general para aprobar una ampliación de capital por 92.421.780 euros «como instrumento para regularizar la situación económica» de la entidad mediante un plan de viabilidad financiera a ejecutar en un plazo de tres años. De acuerdo con la querella, el 7 de junio de 2009 se aprobó la ampliación de capital, que se realizaría ofreciendo a los socios la suscripción de las acciones correspondientes y el sobrante no vendido sería ofrecido después al público en general.

Los querellantes sostenían que los querellados „como responsables máximos del Valencia, de Bancaja y de la Fundación Valencia CF„, decidieron que esta última entidad, integrada por los directivos del club, adquiriese el sobrante de acciones, para lo que convinieron en que Bancaja concedería un préstamo de 75 millones, con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con lo que se hizo con la mayoría del capital social, cifrada en un 72,8 por ciento.

Además, alegaban que el préstamo generaba unos intereses que la fundación no tenía capacidad de pagar al no generar ningún ingreso. Por ello, sostenían que se había producido un «grave perjuicio económico» para el Valencia y sus socios. Tras la presentación de la querella, el juzgado de Instrucción decidió el 15 de julio de 2013 rechazarla y posteriormente, en el mes de noviembre la Audiencia ordenó, tras el recurso de los socios, reabrir la causa y se citó como imputados a los tres exdirectivos del club. También se presentó una solicitud de ampliación de querella contra el exconseller de Economía Gerardo Camps por un presunto delito de prevaricación en relación a ese aval del IVF a la operación. En el auto, el juez destaca la «avalancha de escritos presentados, ya de por sí escesivamente confusos» en el marco de la causa y concluye que no hay indicios suficientes.

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