El Valencia trabaja intensamente en el aplazamiento de la ejecución de la sanción de la Comisión Europea (CE). Lo hace, además, con un creciente optimismo en los últimos días, al ver cada vez más posibilidades de evitar el pago de los 20,4 millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Esa es la cifra que el club debe abonar al organismo dependiente de la Generalitat Valenciana por haberse favorecido de un aval público.
La esperanza del Valencia por aplazar el pago es cada vez más grande, una vez el club se ha puesto a elaborar el recurso que ha de presentar ante la CE. El club está convencido de que pueden conseguir una paralización en la ejecución del abono por varios motivos. Uno, porque ha encontrado una figura jurídica que le respalda y, otro, que existe un precedente que le avala en su defensa.
El Valencia tiene claro, eso sí, que el fallo del recurso no va a llegar antes de que pasen los 4 meses de plazo que tiene para pagar los 20,4 millones de euros. Por eso, su atención ahora está centrada en poder aplazar el dictamen.
El Valencia, además, ha acercado posturas con el IVF y con la Generalitat Valenciana para ir de la mano en esta cuestión. El IVF, a través de su presidente, Manuel Illueca, ya dejó claro que tendrá un trato de máxima sensibilidad con el Valencia a la hora de gestionar el cobro de la «multa». La institución que avaló el crédito de 75 millones de euros que recibió la Fundación Valencia CF en 2009 para comprar la mayoría accionarial del club de Mestalla, después de la ampliación de capital, quiere dañar lo menos posible al club de Mestalla. Eso sí, dentro de los márgenes en los que pueda moverse, a la espera de conocer hasta qué punto la CE marcará las formas de pago. Hay que recordar que el aval público se realizó sobre un crédito obtenido con un tipo de interés del 0,5 por ciento y no al 5,8 como marcaba entonces el mercado financiero.
