El Valencia sufrió ayer otro duro revés en los despachos, con graves consecuencias económicas a la vista. La Conselleria de Medio Ambiente paralizó el segundo Plan de Actuación Integrada (PAI) para construir su ciudad deportiva en la partida de Porxinos, en Riba-roja.
Aquel pelotazo urbanístico, tal como en su día reconoció el entonces presidente del club y promotor del plan, Juan Soler, vuelve ahora con efecto boomerang contra la entidad de Mestalla. Cada vez hay menos dudas de que no va a prosperar. Si el PAI es finalmente anulado, tal como sucedió con el primero por una orden del Tribunal Supremo, el Valencia deberá indemnizar a los tres bancos propietarios del suelo. ¿A cuánto ascenderá la factura? El club llegó a un acuerdo privado, con el expresidente Amadeo Salvo de mediador, según el cual la indemnización fijada es de 20,8 millones.
El Valencia acogió con cautela las noticias llegadas de la Conselleria de Medio Ambiente y Cambio Climático, consciente de que aún le queda recorrido jurídico, en forma de modificar el PAI y de recursos. Pero está claro que la situación es preocupante, teniendo en cuenta que también está pendiente la multa de la Unión Europea de 23 millones de euros. El propietario del Valencia, Peter Lim, ya sabe que, tarde o temprano, el club deberá pagar 53 millones por ambas contingencias.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, reunida ayer, dejó sin efecto el segundo PAI de Porxinos a pesar de las modificaciones introducidas por el promotor, el Valencia CF. En junio de 2015, el Tribunal Supremo había anulado el plan original al entender que incurría en tres argumentadas irregularidades: la escasez de agua para abastecer a las 2.400 viviendas proyectadas; la ausencia de un informe de impacto ambiental y la adjudicación irregular a Litoral del Este, la empresa que creó Juan Soler para adquirir el suelo rústico. El Valencia pagó 60 millones por aquellos terrenos. Los vendió por 160, lo que le supuso una plusvalía de 100 millones que ya fueron gastados.
El secretario de la Conselleria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, dejó claro que el actual PAI, con sus actuales condiciones, no pasa el filtro. «No encaja en la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, que en el caso de Riba-roja contempla una posibilidad de crecimiento de aproximadamente 400.000 metros cuadrados de suelo residencial, mientras el proyecto (del Valencia CF) plantea 1,1 millones de metros cuadrados», explicó Álvaro.
Para colmo, se está revisando el PRUG del Parque Natural del Túria, lo que implicaría la suspensión de cualquier actuación en la zona afectada, donde se encuentra Porxinos, durante al menos tres años. «Es una real inadmisión del proyecto», añadió. «La pelota queda ahora en el tejado del promotor, que deberá revisarlo, presentar las alegaciones y adecuarse a las propuestas que hace la Conselleria», explicó el secretario autonómico.
Desde el Ayuntamiento de Riba-Roja, su alcalde, Robert Raga, se limitó a decir que el consistorio «ha cumplido con sus obligaciones contractuales de tramitar el segundo PAI». La responsabilidad, por tanto, es del Valencia, que espera la recepción de la documentación para decidir en qué dirección se va a mover.
Riba-roja convocará a Kim Koh y a Salvo
El Ayuntamiento de Riba-roja continuará investigando las condiciones en las que se produjeron las compra-ventas de los terrenos de Porxinos, para «conocer todas las irregularidades». La comisión de investigación creada para tal efecto citará en breve al consejero delegado del Valencia, Kim Koh, y al expresidente Amadeo Salvo. Ya fueron citados sin éxito, junto a Salvo, los exdirigentes Soler y Soriano.
