H. García, Valencia
El fallo hecho público ayer da luz verde definitiva a la operación al desestimar el recurso de casación de la Federación de Asociaciones de Vecinos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que consideró "perfectamente legítimo" el plan especial (Pepri) del Cabanyal.
Los magistrados señalan que "no hay constancia de expolio" y que "no puede tacharse de irracionales o arbitrarias las medidas urbanísticas" que pretende el ayuntamiento ya que en su elaboración "han intervenido las administraciones local y autonómica en el ejercicio de sus respectivas competencias". La resolución calca los argumentos de las sentencias de marzo que desestimaron los recursos de Salvem el Cabanyal y Pavimar contra la decisión del tribunal valenciano. El fallo pone fin a una década de pugna entre ayuntamiento y vecinos y cuyo saldo es la degradación de un barrio de arquitectura modernista popular declarado Bien de Interés Cultural.
"Legaliza pero no justifica"
La conexión de la avenida Blasco Ibáñez con el mar, a costa del derribo de 1.600 casas, es uno de los proyectos estrella de la alcaldesa. Rita Barberá apuntó ayer que la semana le había salido redonda. Al hecho "histórico" de la cesión de la dársena portuaria a la ciudad y el inicio de la tramitación del PAI del Grao se suma la sentencia que le permitirá ampliar Blasco Ibáñez. Las máquinas podrán entrar en el barrio en el momento que el Tribunal Superior de Justicia levante la suspensión cautelar de los derribos, una de las pocas decisiones judiciales contrarias al ayuntamiento en todo el proceso. La sociedad pública Cabanyal 2010 tendrá que ejecutar en solitario la operación tras la salida en junio de los promotores y socios privados.
El gobierno local hizo hincapié en que esta sentencia -cuyo texto completo se encuentra en la edición digital de Levante-EMV- es la novena a favor del ayuntamiento. Fuentes municipales subrayaron, en un comunicado, que la resolución avala que el plan urbanístico "se ajusta a la legalidad y descarta la existencia de expolio".
El edil socialista Vicente González Móstoles destacó que el fallo "legaliza la prolongación pero no justifica políticamente la destrucción del barrio". Pidió al ayuntamiento que renuncie a la ampliación y ejecute el resto del plan que prevé 70 equipamientos, rehabilitaciones y construcción de VPO.
