M. Vázquez, Valencia
Aunque la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no ha dudado nunca ni un instante en defender la labor municipal en El Cabanyal -"jamás hemos dejado de trabajar en el barrio" decía tajante hace apenas unas semanas-, no fue hasta el pasado diciembre cuando el ayuntamiento retomó con renovado brío los derribos para prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar. Fue entonces cuando una sentencia del Tribunal Supremo zanjó una lucha entre consistorio y vecinos que ha durado una década. El alto tribunal dio luz verde definitiva para ejecutar el plan urbanístico al considerar "perfectamente legítimo" el plan del Cabanyal y desestimar el último recurso que quedaba por enjuiciar: el que presentó la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Desde ese momento -16 de diciembre- hasta ahora varias han sido las demoliciones que se han ejecutado. Y muchas más las que están previstas. Actualmente la gestora del proyecto, la sociedad pública Cabanyal 2010 -integrada ya sólo por consistorio y Consell, puesto que el capital privado abandonó el proyecto en junio-, espera un nuevo paquete de doce permisos. Mientras, acomete el hundimiento de al menos ocho viviendas más, la mayoría de ellas situadas en los alrededores del futuro Bulevar San Pedro con la prolongación. El resto del barrio -un área declarada Bien de Interés Cultural- se yergue aún bajo el paraguas de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Cuando ésta se retire, las máquinas podrán entrar libremente en la barriada modernista.
"Los derribos se realizan conforme llegan las licencias", explican fuentes municipales, "es un proceso largo: hay que comprar, informar, permitir el derribo y emprender la demolición". Todo eso "lleva mucho tiempo", tiempo que aún se dilata más por la cantidad de inmuebles que está en el punto de mira: 1.600 viviendas que se esfumarán con la apertura de Valencia al mar.
Para Maribel Doménech, portavoz de Salvem el Cabanyal, sin embargo, la "tremenda injusticia social" que es el Pepri del Cabanyal está "paralizado". De hecho, a su juicio, los nuevos derribos no son sino una muestra más del "acoso al que el ayuntamiento somete a los vecinos". El consistorio, defiende Doménech, "lo único que hace aquí es prolongar la degradación del barrio para que la gente ceda y venda obedientemente sus casas".
