E

l conflicto de El Cabanyal ha dado en las últimas semanas un salto cualitativo que ha transformado un problema político-urbanístico en una peligrosísima confrontación social. En un ambiente de cierta confusión jurídica, en un momento que requería tomar una pausa para la reflexión y el diálogo, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat han optado por la estrategia de la provocación y el enfrentamiento.

Salvo aquellos medios que no han querido recoger argumentos contrapuestos a las tesis oficiales y han decidido silenciarlos o combatirlos abiertamente con técnicas muy alejadas del periodismo profesional, salvo en esos medios que han hecho piña ciega con el Partido Popular, casi todo se ha dicho y explicado sobre el Urbanismo de El Cabanyal.

Más recientemente, en un ambiente político poco favorable a ese partido cuyos más de tres lustros gobernando este País y su capital le han hecho impermeable a toda razón que no sea la suya, el Ayuntamiento de Valencia hace ostentación de su desafío para azuzar con las excavadoras la tensa desazón de quienes no entienden que pueda hacerse realidad una pérdida irreversible que ha encontrado amparo en el Tribunal Supremo y en el Ministerio de Cultura. Un desafío provocador, un irresponsable detonante, porque no otra cosa significa el programa de bombardeos selectivos sobre el barrio, no ya de dudosa legalidad, sino de una absoluta falta de ética política.

Esto no es urbanismo, es la muestra más evidente de que el gobierno municipal se ha decantado definitivamente (¿?) por la sinrazón de la fuerza contra un barrio y contra un sector de la ciudadanía, cada vez más amplio y cargado de argumentos -a pesar de la intoxicación informativa de tales medios-, que no comparte los motivos ni los objetivos de su plan para el Cabanyal. Unos objetivos que ya se han desvelado en toda su crudeza, por si quedaba alguna duda: destruir un barrio popular para crear otro nuevo, sin importar las consecuencias de una confrontación social sin precedentes en los años de la Democracia en nuestra ciudad.

Esto no es Urbanismo, como tampoco lo ha sido el alud febril de planes transformadores y recalificadores que hemos vivido en la última década -y que todavía colean entre las cenizas- a lo ancho y largo del País, y cuyas secuelas vamos a pagar duramente en los próximos años.

El Urbanismo, para merecer ese título, ha de ser prudente y participativo, atender todas las opiniones y someterlas a debate, sin perder nunca de vista el reto de potenciar y crear ambientes urbanos que mejoren la calidad de vida de la gente, la responsabilidad de mantener y generar cohesión social y la obligación de recuperar y enriquecer los mejores valores culturales e históricos de la ciudad... lo que debe resolverse con cuidados proyectos, ajustados en coste y en uso de recursos.

Lo que hemos vivido estos días en El Cabanyal no es urbanismo, es barbarie. No nos cabe otra opción que condenar sin paliativos la actuación del Ayuntamiento de Valencia y también la brutal actuación de la policía, con la complicidad de quienes intentan justificarla como una cuestión de orden público con el fin de criminalizar a quienes no se resignan ser víctimas mudas ni testigos complacientes de la destrucción. Un orden público estratégicamente alterado por unas máquinas absolutamente ajenas a las prácticas civilizadas del urbanismo contemporáneo, unas máquinas que no están autorizadas moralmente a irrumpir en un barrio, hasta hace bien poco muy pacífico.

A pesar del clima, o precisamente por ello, no vemos más futuro que seguir apostando por el diálogo, por muy difícil que parezca en estos momentos. Un diálogo entre todos, sereno y cualificado, para favorecer la recuperación formal y social de El Cabanyal sin fracturas, un objetivo en el que estamos seguros confluye el pensamiento y la voluntad de la mayoría de sus vecinos.

* Firman también este artículo José Albelda, Carles Dolç, Fernando Gaja, Adolf Herrero, Antonio Montiel, Joan Olmos, Rafa Rivera, Josep Mª Sancho, Trini Simó y Vicent Torres