El Tribunal Constitucional confirmó ayer la paralización de los derribos en el Cabanyal. Lo ha hecho antes de que se cumplieran los cinco meses que tenía de plazo para ello y con argumentos contundentes. Según el auto, la Generalitat pretende atribuirse una competencia sobre el Estado fuera de los ámbitos donde se resuelven estas controversias; la aplicación del Plan del Cabanyal supone un "riesgo" para la integridad de este barrio declarado Bien de Interés Cultural; y la dilación de los planes de rehabilitación esgrimidos por la Generalitat y el Ayuntamiento no son nada "irreparable".
Con este auto, el Tribunal Constitucional zanja el asunto relativo a la paralización temporal de los derribos, advirtiendo que esta resolución debe desvincularse del debate de fondo que habrá de abordarse a partir de ahora.
El conflicto del Cabanyal llegó al alto tribunal después de que el Ministerio de Cultura, a instancias del Tribunal Supremo, emitiera una orden que paralizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal-Canyamelar. Para contrarrestar esa orden, la Generalitat Valencia aprobó un decreto primero y una ley después que pretendía anular la orden ministerial y amparar los derribos, lo que provocó que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, recurriera al Constitucional para pedir la suspensión cautelar de esos trabajos y la nulidad de la ley.
El pasado 14 de abril, el Constitucional admitió el recurso y ordenó la suspensión cautelar de los derribos, dándose los cinco meses preceptivos para confirmar o levantar esta decisión. Y eso es lo que el Alto Tribunal hizo ayer, en este caso para confirmar la suspensión de los derribos. La sentencia final sobre el caso queda para más adelante.
Para evitar que se confirmara la paralización, la Abogacía de la Generalitat Valenciana alegó "la apremiante necesidad de regenerar un entorno urbano muy degradado", así como la "necesidad apremiante de contemplar la ejecución de un plan en el que están comprometidos grandes recursos presupuestarios". Es más, advertía que "de no poder llevarse a efecto dicha ejecución la administración estatal será responsable de posibles indemnizaciones por paralización de las obras".
Por su parte, la Abogacía del Estado expuso que la ley valenciana "da primacía al interés urbanístico sobre el proteccionista de los valores históricos y culturales, intereses que son compatibilizados mediante la subordinación del último al primero". A su juicio, sin embargo, "los intereses que han tomarse en consideración son los de los particulares, propietarios y ocupantes de las viviendas y locales amenazados de demolición". En conclusión, estima que "el interés publico histórico artístico ha de prevalecer sobre el urbanístico y económico".
Los argumentos
Con estas premisas, el Tribunal Constitucional se centra "exclusivamente en determinar si el levantamiento de la suspensión de los preceptos recurridos lesionaría los intereses generales o de terceros, produciendo con ello perjuicios irreparables o de difícil reparación".
En primer lugar establece, como ya hizo con una resolución parecida referida a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que "la capacidad de bloqueo de esa norma autonómica respecto del ejercicio de competencias atribuidas al Estado excedía de las situaciones de controversia competencial, por cuanto incluso podría poner en cuestión, hasta eliminarla o desvirtuarla, una competencia estatal claramente reconocida por la Norma Fundamental, con el consiguiente perjuicio actual y directo al interés general".
Tras argumentar y reiterar el valor patrimonial del barrio, el auto del Constitucional dice, así mismo, que el Pepri "implica, cuando menos, un riesgo para la integridad del conjunto histórico", que en su opinión debe "merecer consideración preferente".
Por último, al Alto Tribunal rechaza el argumento de la urgente necesidad de invertir recursos comprometidos por el Ayuntamiento y la Generalitat asegurando que "tales perjuicios -los que se supone que causaría el aplazamiento- no son, por su propia naturaleza, irreparables".
El ayuntamiento seguirá sin dar licencias
El Ayuntamiento de Valencia no realizó ayer ninguna declaración oficial sobre la resolución del Tribunal Constitucional. Han preferido dejar esa responsabilidad a la Generalitat Valenciana, que es la institución que legalmente ha pleiteado ante el alto tribunal. No obstante, fuentes municipales hicieron saber el malestar que esta decisión ha causado en el equipo de gobierno municipal y recordaron que la paralización del Pepri supone, como ha venido ocurriendo en los últimos meses, la paralización de todas las licencias de obras en su ámbito de aplicación, lo que supondrá, a corto plazo, una mayor degradación para el barrio.
