Más de 20.000 euros al mes. Ésta es la cuantía que se embolsa la empresa adjudicataria de la grúa de Valencia. Servicleop factura uno de los servicios que realiza -el de solo enganche, sin traslado a depósito, para coches de más de 1.000 kilos- según el precio que marca una ordenanza desfasada que, sin embargo, es la que consta en su contrato. De esta manera, la empresa adjudicataria le cobra 35,81 euros al vecino, pero le factura 69,99 euros al consistorio. Es decir, 34 euros de más que suponen al mes entre 20.000 y 30.000 euros. De esta manera, y en plena crisis económica, la grúa se está embolsando una "propina" que puede suponer, al final de la contrata, casi un millón de euros entre los 480.000 euros de más que ha facturado desde que cambiara la ordenanza (en 2008), y los dos años que aún le quedan de contrato.

El ayuntamiento, además, se reconoce incapaz de poner fin a esta situación, tal y como admite en las respuestas que ha dado la concejalía de Seguridad Ciudadana a las preguntas realizadas por el PSPV en el pleno. En el escrito, la concejalía de Seguridad Ciudadana -responsable del contrato con la empresa adjudicataria- reconoce que existe una "divergencia entre el precio de la factura que utiliza las tasas revisadas en 2005 y el importe recaudado que utiliza la ordenanza fiscal, modificada en 2008".

El ayuntamiento, sin embargo, niega que pagar más de lo que marca la normativa vigente sea un sobrecoste y afirma que el desfase económico es, simplemente, una "diferencia de precio".

Además, la concejalía de Seguridad Ciudadana afirma que está llevando a cabo reuniones con la concesionaria de la contrata de retirada de vehículos en la vía pública "al objeto de intentar establecer acuerdos de regulación del precio de los vehículos de la clase C, solo enganche sin traslado a base".

Según el gobierno de Rita Barberá, la empresa tiene carta libre para seguir cobrando de más ya que el ayuntamiento "asume, en beneficio del ciudadano, la diferencia entre el precio que se le cobra y el que recoge el pliego de condiciones de la contrata del servicio de la grúa".

El concejal socialista, Juan Ferrer, instó ayer al concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, a recuperar, mediante acuerdo, "las transferencias de más que ha hecho la contrata de la grúa municipal. El ayuntamiento debe negociar con la empresa y debe hacerlo ya". Para Ferrer, además existe un "grave peligro para la hacienda pública" si "las ordenanzas no priman por encima de los contratos privados con las empresas. Si vale más el acuerdo privado que la normativa se puede quebrar la hacienda municipal". Por ello, el concejal socialista asegura que, para que el ayuntamiento no pudiera hacer nada -tal y como se afirma en el escrito de respuesta- "sería preciso la consolidación de contratos privados al margen y por debajo de las ordenanzas municipales. Solo si es así, el ayuntamiento no podría actuar, y mucho menos influir".

El ayuntamiento, sin embargo, tiene en su mano controlar si, realmente, las denuncias que emite la policía local cuando multa un coche y avisa la grúa coincide con el peso real del vehículo ya que el número de "enganches sin traslado a depósito" de la tasa C se ha disparado de forma escandalosa desde que la normativa cambiara y la empresa se embolsara 34 euros de más por estos servicios. m. rosvalencia