El revuelo social y político que se generó en Valencia tras la decisión de la mayoría del PP en la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) de subir la tasa de basura un 215 % ya tiene sus primeras consecuencias. El presidente de la Emtre, Ramón Isidro Sanchis, aseguró ayer que había tenido en consideración "algunas de las alegaciones presentadas" y junto a un nuevo estudio realizado por sus técnicos "revisará a la baja el coste de la tasa". En concreto, la subida pasará a ser ahora del 150 %, según confirmó el portavoz socialista en la Emtre, Salvador Soler.
La reducción de la subida de la tasa conocida como Tamer, que se grava en el recibo del agua, será aprobada hoy en las comisiones de Economía y Gobierno de la Emtre. Según Soler se contempla eximir a los vecinos de pagar los 4 millones de intereses de demora lo. Este dinero repercutiría en las familias que menos consumen que pasarían de pagar 69,90 euros al año a abonar 56 euros con la nueva revisión. Cabe recordar que en la actualidad los adscritos a este tramo de consumo de agua abonan 22,20 euros y son alrededor de 500.000 ciudadanos de los 1,8 millones del área metropolitana.
Soler consideró esta revisión como "insuficiente". "Según mis cálculos se podría eximir a la ciudadanía de pagar 25 millones de euros de los 84 que son necesarios recaudar, lo que repercutiría en mayor medida en el coste de la tasa y en el número de familias beneficiadas", argumentó el portavoz socialista. Soler volvió a exigir la retirada de la subida y exigió que se pague la deuda histórica de la Generalitat con la Emtre, que cifró en unos 23 millones.
Sanchis recordó que los costes del tratamiento de los residuos del área metropolitana del próximo año serán 84 millones de euros, cantidad que se esperaba recaudar con el incremento de las tasas del 215 %. Este dinero, según confirmó el propio gerente continúa siendo necesario por lo que la Emtre deberá buscar financiación de otros lugares para afrontar los cuatro millones de intereses de demora que no recaudará a los vecinos.
Por su parte, el secretario de Área Metropolitana del PSPV, Josep Soriano, anunció que mañana llevarán a cabo en Valencia y los otros 44 municipios que forman parte del Emtre una acción de información y movilización contra la subida de la tasa de basuras aprobada por el PP. Soriano anunció que se instalarán cerca de 100 puestos, sólo en Valencia 17, uno por distrito.
Isidro prevé un cambio en la ley para desbloquear Dos Aguas
El vertedero de Dos Aguas donde va a parar la basura de los 44 municipios del área metropolitana y la ciudad de Valencia se encuentra funcionando a menos capacidad de la proyectada debido a la aplicación de la Ley de Montes Quemados. Con esta reducción, de 20 años de vida útil que tiene el basurero pasaría a tener 7, aunque el presidente del Emtre, Ramón Isidro, anunció ayer que la solución se estaba negociando con la Conselleria de Medio Ambiente y que seguramente se plasmaría en una modificación de la ley.
Sanchis aseguró que "hay voluntad política por parte de todas las administraciones para realizar lo inicialmente previsto", es decir, una segunda ampliación del vertedero de Dos Aguas 5,62 millones de metros cúbicos (que ya funciona) y una tercera de 3,4. Isidro explicó que la ley de Montes Quemados se redactó "para evitar la especulación, pero un vertedero es un bien de interés general, un lugar apartado de las poblaciones que reúne todos los requisitos". Sanchis insistió en que hay voluntad "por parte de todas las administraciones" para declarar estas instalaciones de interés general y añadir un anexo o una excepción a la citada ley que permita a la Conselleria de Medio Ambiente entregar los permisos necesarios. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguraron a este periódico que el nuevo departamento de Medio Ambiente, dirigido por Isabel Bonig, ha facilitado las negociaciones, "bloqueadas por el anterior conseller Juan Cotino".
Por otra parte, Sanchis defendió la necesidad de que los ciudadanos del área metropolitana, cuyas basuras son tratadas en estas instalaciones (1,8 millones de habitantes), han de conocer el proceso, las instalaciones y tecnología empleada.
