La historia es ésta. A principios de 2010 el Ministerio de Cultura emitió una orden ministerial que declaraba que el plan de Barberá para el Cabanyal suponía expolio del patrimonio histórico y cultural español. Ese plan, conocido como Pepri, era ilegal y debía modificarse.Esa orden no era fruto de un capricho de la ministra. Una sentencia del Tribunal Supremo obligaba al ministerio a pedir informes a organismos de defensa del patrimonio independientes y a dictarla. Algo que Cultura realizó de forma impecable.No le pareció así a Rita Barberá. Flanqueada por la entonces portavoz del gobierno valenciano, Sánchez de León, la alcaldesa salió en tromba amenazante, más o menos como nos tiene acostumbrados. Dijo que la orden ministerial era vergonzosa y arbitraria, que vulneraba doce sentencias firmes, que tenía intencionalidad política, que respondía a intereses económicos particulares (más tarde, con la ayuda del teniente Alfonso Grau, desarrolló la infamia acusando a algunos vecinos con nombres y apellidos). Amenazó con querellarse contra la ministra por arbitrariedad y abuso de poder (algo que hizo un año después sin éxito), y concluyó declarando que, por supuesto, ella iba a seguir adelante con los derribos. Todo esto, se puede imaginar fácilmente, lo dijo con apariencia indignada y con voz muy potente. Los vecinos del Cabanyal solicitaron a la alcaldesa que abriera una vía de diálogo, y ella contestó con desprecio y un puntito de imaginación que «no hablaba con violentos». Aún así, su respuesta más creativa consistió en una triple acción: la aprobación urgente vía Francisco Camps de una ley ridícula que pretendía derogar la orden ministerial, el intento inmediato y fraudulento de derribar unas casas para demostrar quién mandaba en el barrio, y la paliza policial que recibieron los vecinos que se opusieron a los derribos. Y como al parecer el tratamiento infligido le supo a poco, acabó decidiendo que el barrio necesitaba un escarmiento mayor y para todos, y por tanto que no iba a concederse en él más licencias de obra. Eso sí, para tranquilizar a la parroquia prometió que cuando Rajoy llegase al poder todo se solucionaría en un periquete, algo que ha quedado claro en estos seis primeros meses de gobierno.Ahora la Audiencia Nacional dice que el Ministerio de Cultura tenía razón. Que es competente. Que el Plan del Ayuntamiento va contra el derecho y el patrimonio. Que la declaración de expolio es correcta y legal. Que no es vergonzante ni arbitraria. Que no hubo abuso de poder. Que no esconde intereses particulares. Que no vulnera sentencia firme alguna€ La Audiencia Nacional dice que tenían razón los golpeados por defender las casas del Cabanyal.
Así que tenemos otra sentencia en su contra, señora alcaldesa. Y usted sale como nos tiene acostumbrados, soberbia, «herida» (que dice Monreal) y amenazante€ Y sale con que puede derogarse la orden del ministerio como hizo Zapatero con el Plan Hidrológico Nacional (lo que sucede, pequeño detalle pero trascendental, es que la Orden fue ordenada al Ministerio por el Supremo, y el Plan Hidrológico, no€). Y sale con que está con los vecinos. ¿Con qué vecinos, señora alcaldesa€? Usted está con usted (y con nadie más).
