La alcaldesa, Rita Barberá, ha lanzado un órdago al Gobierno de Rajoy para que adapte la orden del Ministerio de Cultura de 2009, que declaró expolio la prolongacion de Blasco Ibáñez, al plan de reforma interior (Pepri) que promueve la citada gran avenida. La alcaldesa aseguró ayer, tras la presentacion del plan de fibra óptica de Telefónica, que la orden dictada por la ministra socialista Ángeles Gónzales-Sinde es «perfectamente modificable». Argumentó que si se ha podido modificar por decreto una ley aprobada en el Congreso como es el Plan Hidrológico Nacional con más motivo debería serlo una orden ministerial.
Barberá echó mano de las continuas modificaciones a la ley de educación y recalcó que ningún gobierno tiene obligación de gobernar obligatoriamente con una norma anterior. «Lo que estamos trabajando es en modificar, dentro de la menor alteración posible, esa orden ministerial y se está trabajando con el mismo proyecto», insistió.
Está por ver ahora si el ministerio de Wert da por buena la argumentación del ayuntamiento y se pliega a las pretensiones de Rita Barberá, que insiste en que la conexión de Blasco Ibáñez con el mar, a través del conjunto histórico y previo derribo de 1.600 viviendas, es «irrenunciable».
El Gobierno ha admitido, tanto por boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como en el mismo Boletín Oficial del Estado donde se publicó el acuerdo de octubre pasado para desbloquear la situación del barrio de pescadores, que la única forma de deshacer el entuerto era adaptar el plan municipal a la orden ministerial. En el acuerdo de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, las administraciones se comprometen textualmente a promover «una adaptación del Pepri que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del Cabanyal, en los términos previstos en la Orden del Ministerio de Cultura de 2009».
La alcaldesa, sin embargo, quiere invertir los términos y que sea el Gobierno el que adapte la orden al plan del Cabanyal.
El acuerdo de octubre de 2013 aprobado por el Consejo de Ministros supuso la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central bajo mandato socialista contra el decreto-ley de la Generalitat que pretendía desactivar la orden de Cultura que paralizó el Pepri y los derribos. El Consell a su vez asumió el compromiso de derogar esa ley, quedando en vigor la orden ministerial. Tras ello, Generalitat y ayuntamiento debían estudiar las fórmulas para adaptar el Pepri a esa orden garantizando los valores históricos del barrio. Los plazos previstos en aquel acuerdo se han superado ampliamente sin acuerdo y ahora el ayuntamiento da un nuevo giro a la negociación.
Según Barberá, el proyecto urbanístico sobre el que trabajan es el aprobado en el ayuntamiento que, según recordó, está respaldado por una docena de sentencias judiciales y por la urnas, en alusión a la mayoría que obtiene el PP en el barrio. «Es más, anoche estuve en El Cabanyal y vi mucha gente que sonriéndome y haciéndose fotos me pidió la prolongación», comentó. La regidora quiere evitar meterse en un nuevo plan urbanístico por la farragosa tramitación administrativa que supondría y los eventuales recursos en los tribunales de Salvem el Cabanyal, que ya ha anunciado que volverán a la vía judicial si el ayuntamiento no cumple con la orden ministerial y presenta un nuevo plan urbanístico sin prolongación.
La regidora aseguró que «no hay más tiempo que perder». El proyecto municipal «no volverá al pleno otra vez, a los trámites, porque es el mismo proyecto». Las declaraciones de Barberá vienen al hilo de la reunión que mantuvo el lunes el vicealcalde con Salvem el Cabanyal y la Asociación de Vecinos del Cabanyal, en la que Alfonso Grau les informó de que había enviado a Cultura una propuesta que mantenía la prolongación ante la cual estaban esperando respuesta.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, aseguró por su parte que el consistorio se ha trasladado al Ministerio de Cultura una «propuesta de trabajo» sobre el barrio del Cabanyal «para adaptar la orden al plan municipal, si es que hay que mantenerla, porque es perfectamente adaptable y poder trabajar en el barrio». Novo calificó de desproporcionada la orden ministerial de 2009 y culpó al gobierno socialista de paralizar las licencias en todo el barrio.
