Al contrario de lo que ocurre en el Plan General de 1988, que es el que está vigente en la actualidad, el nuevo PGOU no especifica las zonas que se destinan a dotaciones públicas (colegios, hospitales, bibliotecas etc). Según explicó la alcaldesa, Rita Barberá, ahora esas dotaciones se irán colocando en las nuevas unidades de ejecución (zonas en construcción) y serán los agentes urbanizadores y las constructoras los que financien su construcción como parte de las cargas urbanísticas. Con esta fórmula se evita uno de los problemas más graves que está teniendo el ayuntamiento en la actualidad, que es la obligación legal de expropiar los terrenos que estaban grafiados como dotaciones públicas en el plan del 88 y que 25 años después no se han ejecutado. Basta con que lo solicite el propietario para que haya que adquirirlo y hacer un desembolso que primero no es muy cuantioso pero que, tras su paso por los tribunales, puede ser muy elevado. De hecho, en los últimos presupuestos municipales se han habilitado partidas de alrededor de 10 millones de euros y al final de año se han necesitado cerca de treinta. Estas partidas, además, se detraen del apartado de inversiones, que también ha bajado en los últimos años.
