Les denegaron la licencia y, aún así, los responsables de una iglesia evangélica realizaron obras en un local reconvertido en templo cuyo cese ha ordenado ahora el ayuntamiento de forma inmediata.

La Iglesia Evangelista Internacional Reformada solicitó licencia de obras en 2011 para habilitar un templo religioso en la calle Rodríguez Cepeda. Sin embargo, el ayuntamiento denegó la licencia dos años después (en 5 de abril de 2013) porque el proyecto «no se ajustaba a la normativa de Prevención de Incendios, ni contemplaba medidas de insonorización», entre otras.

Sin embargo, siete meses después de denegar la licencia, los técnicos municipales visitaron el local en cuestión y aseguraron en su informe que la obra para la que se había solicitado licencia no se había ejecutado, pero que sí se habían realizado trabajos sin licencia municipal. «La obra no se ha realizado„ aseguran los técnicos en el expediente„ pero se observa que se ha levantado un paramento vertical al fondo del local creando un habitáculo junto al patio que, según el proyecto presentado, debería alojar un almacén y dos aseos». Además, los técnicos denuncian la construcción de un altillo con dos habitaciones, por las que se accede por una escalera que tampoco cumple la normativa.

Pero ahí no acaba la cosa. El informe recalca que el local, destinado a centro religioso, «no tiene extintores ni señalización de emergencia. Las puertas que comunican la sala de culto con el vestíbulo abren en sentido contrario al de evacuación, el único aseo existente es para los dos géneros y no está adaptado a personas con movilidad reducida. Hay barreras arquitectónicas». El ayuntamiento concedió un plazo de dos meses para subsanar las deficiencias.

A finales de 2013 el ayuntamiento recibió un escrito en el que se especificaba el cambio de nombre de la iglesia -ahora «Shephera International Ministry»„ y, aclarado el nuevo destinatario o responsable del templo, volvió a remitirle las deficiencias que había que subsanar. Fue en enero de 2014. Sin embargo, un año después el ayuntamiento no había recibido nada. Ni la documentación que faltaba, ni otro proyecto que se ajustara a la normativa, ni información alguna sobre la reversión de los trabajos realizados de forma ilegal.

Por ello, el pasado 28 de abril el ayuntamiento ordenó el «cese inmediato» del uso del centro religioso, tras asegurar que se «notificará a las compañías que suspendan el suministro» y que la sanción económica oscila entre los 600 y los 3.000 euros.