La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) considera que la introducción de cláusulas sociales, medidas anticorrupción y el requisito lingüístico para optar a la contratación pública en la ciudad de Valencia «deben ceñirse al marco normativo vigente». «Desde la perspectiva empresarial estas consideraciones quedan enmarcadas dentro del ámbito de la responsabilidad social empresarial y como tal con carácter voluntario», asegura la Confederación.

Así pues, los empresarios valencianos consideran que la introducción «de medidas o criterios excluyentes para distinguir a unas empresas frente a otras, partiendo del estricto cumplimiento de la normativa, es discriminatoria y contribuye, además, a la fragmentación del mercado interior».

Aunque rechazan este tipo de cláusulas que ha introducido el Ayuntamiento de Valencia, la CEV asegura que apuesta «como venimos haciendo, por la máxima transparencia, por el seguimiento, control y evaluación de las relaciones que establece la Administración Pública y el sector privado y por el reconocimiento del buen hacer, bajo criterios éticos, de la inmensa mayoría de las empresas valencianas».

Por su parte, el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, aseguró ayer que las cláusulas sociales introducidas por el ayuntamiento para la contratación «no rompen la unidad de mercado» ya que, según explicó, las administraciones «pueden poner sus cláusulas, claro que sí, y éstas han pasado todos los filtros legales». «Son las empresas que optan a la contratación pública las que deben adaptarse a la administración y no al contrario», defendió.

Sobre el requisito lingüístico, Campillo reiteró, como ya hizo el viernes pasado, que la cláusula dice que las empresas «se atendrán a la Llei d'Ús del Valencià, un reglamento que aprobó hace años el PP, y ahora simplemente lo estamos aplicando porque ellos nunca lo hicieron». «No hemos tocado ni una coma, ni lo vamos a hacer. El reglamento solo tiene que seguir su aplicación», aseguró el concejal de Compromís.

Campillo se enojó por las interpretaciones que algunos medios han hecho del requisito lingüístico: «Me hace gracia que quienes defienden el bilingüismo, no usan nunca el valenciano, pero nunca. Las empresas han de respetar la cooficialidad de la lengua. Detrás de esa crítica hay una violación flagrante de los valencianoparlantes». «¿O es que el valenciano es menos oficial que el castellano?», se preguntó.