«Si estuviera acusado de un delito de corrupción presentaría mi dimisión, pero no lo voy a hacer por participar en un dispositivo en el Ayuntamiento de Gandia para evitar que políticos y asesores del PP se llevaran documentación». Con estas palabras y «completamente tranquilo» se pronunció ayer el director del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, acerca de la citación que le ha formulado un juzgado de Gandia por un supuesto delito de coacciones, citación que alcanza también a la propia alcaldesa de la localidad, la socialista Diana Morant, y a otros tres acusados más.

La denuncia partió del anterior alcalde del PP, Arturo Torró, y cinco personas de su entorno político después de que Diana Morant montara, ya desde el momento mismo de su toma de posesión, un dispositivo, del que formaba parte el propio Llorens, para evitar que los antiguos gestores municipales sacaran de la casa consistorial documentación que les comprometiera.

Según el PP, esa operación se hizo sin aprobarla reglamentariamente y con presiones de quienes formaban parte de ese dispositivo. En concreto, les acusa de los supuestos delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos y coacciones.

Esa querella ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia y se han abierto diligencias previas de las que se ha informado a la fiscalía. Y en paralelo con todo ello se ha citado a declarar a los querellantes, a los querellados y a dos testigos de los hechos.

Entre los citados como «querellado» se encuentra Vicent Llorens, al que se le atribuye únicamente un delito de coacciones por formar parte del grupo de personas que se encargaron de evitar que saliera documentación del consistorio.

La acusación, no obstante, se la ha tomado con «tranquilidad», dice, a sabiendas de «se hizo una cosa normal para las circunstancias que se daban». «Ciertos asesores del PP empezaron a sacar documentos de los despachos y hubo que montar un dispositivo, incluida la Policía Local, para evitar que se llevaran documentación», explicó Llorens, quien recordó que el exalcalde popular tiene varias imputaciones por casos de corrupción.

Precisamente, esa distinción entre un supuesto delito de coacciones y uno de corrupción es lo que le mantiene firme en su puesto del Consorcio Valencia 2007, al que accedió hace apenas un mes. «Si estuviera acusado de un caso de corrupción presentaría mi dimisión, pero por montar un dispositivo para evitar que se llevaran documentación, habiendo precedentes, no lo voy a hacer», explicó LLorens, quien negó, así mismo, que se produjeran coacciones, pues allí todo se les pidió «por favor».

Tampoco desde el Ayuntamiento de Valencia, que es el que propuso su nombre para dirigir la nueva etapa del consorcio, le ha llamado nadie, dijo. «Esta mañana he hablado con gente de las cosas normales del trabajo, pero de esto nadie me ha dicho nada», abundó. Ahora, Llorens espera el momento de declarar, que será el 6 de junio, y anuncia un recurso del Ayuntamiento de Gandia.