En los últimos tres años el servicio de espectáculos y establecimientos públicos de la Generalitat Valenciana ha tenido que tramitar 3.883 denuncias procedentes de la ciudad de València, 2.791 enviadas por la Policía Local y 1.092 por la Policía de la Generalitat. El mismo departamento ha tenido que tramitar 337 procedimientos sancionadores de locales de València, que han acabado derivando en 624 sanciones, 34 de ellas graves. Hasta el director general de Emergencias, José María Ángel, reconocía hace unas semanas cierta lentitud de la Generalitat para resolver este tipo de conflictos.

Vecinos como los de la Creu Coberta, Plaça del Cedro, Tarongers, El Carme o Russafa se encuentran entre los más afectados por esta problemática que afecta a sus barrios cada fin de semana, como han denunciado en reiteradas ocasiones tanto ante los juzgados como en los medios de comunicación. Por ejemplo, solo en el entorno de la Cruz Cubierta, en 2017 se tramitaron 140 denuncias y 444 desalojos relacionados con el ruido nocturno y el botellón, como recordaban sus vecinos.

Hace ahora un mes, el síndic de Greuges, José Cholbi, hizo público su informe de oficio sobre los problemas de contaminación acústica en la ciudad. En él, estableció que entre alrededor del 40% de las actas llevadas a cabo entre los años 2015 y 2017 no llegaron a tramitarse antes de prescribir. Es decir, una gran parte de las denuncias quedan impunes. Por lo que animaba a tomar nuevas medidas, como la propuesta por el ayuntamiento de asumir las competencias de sanciones graves o muy graves, que ahora dependen de la Generalitat.