El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido archivar la causa abierta contra el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata al considerar que no ha habido dolo en los mensajes que el propio Zapata colgó en Twitter, donde se mofaba de las víctimas del terrorismo como la propia Irene Villa, que resultó gravemente herida en un atentado de ETA, junto a su madre y del holocausto judío.
Después de conocerse el contenido de los tuits , la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en lugar de reprobar y cesar inmediatamente al edil de cultura, lo ha mantenido en su puesto.
El juez Pedraz se ampara en el derecho a la libertad de expresión para no ver delito en las injuriosas declaraciones del concejal de Ahora Madrid.
Espero y deseo que la fiscalía o la parte demandante recurran el archivo del caso porque las palabras de Zapata son absolutamente rechazables en un estado de derecho y en mi modesta opinión, aunque no soy jurista, constitutivas de delito.
El Tribunal de Derechos Humanos lo hubiera condenado a varios años de cárcel por sus comentarios antisemitas.
Lanzar un improperio contra un juez o insultarlo deliberadamente como hizo el periodista y tertuliano de 13 TV Carlos Dávila, que insultó al juez Pedraz, aunque luego se retractó y pidió disculpas lleva aparejada una sanción económica, incluso, pena de cárcel. Sin embargo, mofarse de las víctimas del terrorismo o del holocausto judío no tiene ningún costo en términos económicos, morales y éticos. ¿Dónde está el límite?
Como demócrata, defiendo absolutamente la libertad de expresión, pero el derecho a la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución tiene unos límites, que el señor Zapata ha rebasado con creces. No bastan las disculpas.
