Las primeras consecuencias de la declaración unilateral de independencia que firmaron Junts pel Si y la Cup están teniendo ya sus primeros efectos. Casi 700 compañías han trasladado su sede social fuera de Catalunya. La facturación de estas empresas asciende a más de 1.500 millones de euros. Y si nos remontamos al año 2012, han sido 3.286 las empresas que han abandonado Catalunya, siendo la Comunidad de Madrid la principal receptora de este fenómeno de deslocalización que se ha producido.
La razón de esta fuga masiva de empresas no es otra que el clima de inseguridad jurídica que provoca la declaración independentista y la ruptura con el resto del Estado.
Antes de las elecciones del 27-S, la banca, pero también otras compañías como el grupo Planeta advirtieron muy claramente que de seguir el proceso soberanista se plantearían marcharse. No era una amenaza. Dicho y hecho.
La realidad es que las inversiones se han paralizado por temor a esa desobediencia a la legalidad que se ha instado desde las propias instituciones.
Sin embargo, para la Generalitat no hay una fuga de empresas, y atribuye el fenómeno a razones puramente fiscales; acusan al Estado y al Ministerio de Hacienda de "atacar la reputación " de la economía catalana. Pura miopía.
