La ruptura de los pactos por parte de Podemos primero en Castilla La Mancha y ahora en Extremadura, que dejan al PSOE en minoría obedece, claramente, a una maniobra política de Iglesias Turrión para forzar a que el PSOE se atienda a negociar con ellos y meterle más presión. En modo alguno responde, como han dicho algunos dirigentes autonómicos de la formación morada, al incumplimiento por parte de los socialistas de los acuerdos de legislatura suscritos con ellos. García Molina argumentaba que el pacto se había roto porque para el dirigente de Podemos, García- Page piensa más en Ferraz que en Castilla La Mancha.

Las órdenes vienen presumiblemente de Madrid y tienen nombre y apellidos: Pablo Iglesias Turrión.

A tenor de lo sucedido ¿Por qué no deja el PSOE caer los gobiernos que mantiene con Podemos, después de que la formación morada de Pablo Iglesias haya hecho lo propio en Extremadura y Castilla La Mancha? ¿A qué está esperando el PSOE para echar de las alcaldías de Madrid, Barcelona o Cádiz a Carmena, Colau o Kichi?.

El PSOE debería actuar con la misma contundencia en aquellas ciudades y Comunidades Autónomas, donde permite que gobierne Podemos con sus votos y retirarles su apoyo y buscar el acercamiento con otras fuerzas políticas.

Si algo han demostrado las elecciones vascas y gallegas ha sido el triunfo de la moderación frente a los radicalismos y los populismos.

María Dolores de Cospedal ya le ha dicho a García-Page que puede contar con el Partido Popular para garantizar la estabilidad en el gobierno manchego. Ahora falta saber si el presidente manchego aceptará la mano tendida de la dirigente popular o seguirá aferrándose al sillón presidencial a cualquier precio como hizo el día de su investidura.

Lo que me deja perplejo a estas alturas de la película es cómo los socialistas han sido tan ingenuos de pensar que el acuerdo de legislatura que firmaron con los podemistas iba a ser un pacto sólido y estable para toda la legislatura. Ha durado menos de lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio. Y era lógico que así fuera, teniendo en cuenta las demandas inviables y populistas de Podemos, como la renta mínima garantizada, que no solo hay que llevarla en el programa, también hay que cuantificarla y provisionarla en los presupuestos para saber de dónde va a salir ese dinero para poder pagarla y otras cuestiones más surrealistas, como incrementar el gasto público en 60.000 millones de euros, primero eran 96.000 millones y después lo bajaron a 60.000 millones- que queda muy bien decirlo en los mítines de campaña y da muchos votos en las elecciones, pero que en la práctica es inviable porque no se puede seguir castigando a la clase media de este país con más subidas de impuestos. Hablan de recaudar más, subiendo los impuestos a los más ricos y persiguiendo el fraude fiscal. Los ricos siguen teniendo instrumentos financieros a su alcance como son las sicav para eludir pagar impuestos o refugios donde llevarlo como son los paraísos fiscales. Mientras no se ponga coto a estas argucias contable-financieras seguirán pagando los mismos.