El gobierno italiano de Paolo Gentiloni ha salido al rescate del Monte dei Paschi, sin que los pequeños ahorradores y tenedores de bonos subordinados asuman pérdidas, garantizando el 100% de la inversión. Los bonos subordinados junior, que así se llaman, son un producto similar a las acciones preferentes que emitieron Bancaja y Caja Madrid y otras entidades financieras para captar pasivo, sólo que en este caso, los ahorradores españoles tuvieron que hacer frente a quitas del 70%.

Después de arduas negociaciones con Bruselas, en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros figura que las obligaciones adquiridas por los pequeños ahorradores "conservarán el 100% de su valor nominal".

Esta medida no afecta a los inversores institucionales, que sí asumirán pérdidas, aunque limitadas, en torno al 25%. Poco, si lo comparamos con una entidad que ha perdido en lo que llevamos de año más del 80% de su valor de mercado.

El canje es sencillo. El banco convierte en acciones las preferentes, sin quita alguna. La entidad canjeará esas acciones por deuda de máxima calidad y el ejecutivo comprará las acciones canjeadas. Con esta sencilla operación, el inversor recupera el 100% de su inversión. Lo mismo que se hizo en España, que, automáticamente, se aplicó una quita del 70% o se canjeó por acciones del propio banco a un precio de 1,35 euros por acción, en el caso de deuda subordinada con vencimiento, con quitas del 10% o del 20%, según la emisión.

En España, cuyo sistema financiero fue rescatado con dinero público, exactamente con 40.000 millones de euros, pese a la milonga que nos contaron, de que no iba a costar un euro al contribuyente, el Gobierno dejó al albur de Bruselas, la situación de miles de preferentistas, que perdieron todos sus ahorros. Rajoy y De Guindos se vanagloriaron de que algunos inversores, que acudieron a la vía judicial o al arbitraje recuperaran sus ahorros, tras años de litigo, con el consiguiente gasto en abogados. No sólo se engañó y se estafó a los titulares de acciones preferentes y acciones subordinadas, a los que no se les facilitó suficiente información sobre el peligro que conllevaba invertir su dinero en un producto de alto riesgo sino que, además, se escapó al control del Banco de España y de la CNMV, organismos de supervisión y control, encargados de velar y proteger a los inversores.

A día de hoy, ninguno de los responsables está en la cárcel y otros ni siquiera han sido juzgados, mientras muchos afectados siguen peleando en las instancias judiciales para recuperar lo que era suyo.

Si los preferentistas italianos se libran de la quita, el agravio comparativo con España es mayúsculo y el Gobierno debería dar explicaciones de inmediato y renegociar lo que fue un auténtico saqueo.