Las posibles vías de negociación o de acuerdo para resolver el conflicto catalán que se habían abierto mínimamente cuando la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría fue designada por Rajoy para tratar de acercar posiciones con el gobierno de la Generalitat y donde había concesiones importantes en materia económica y de financiación para Cataluña se han enquistado de tal forma, que ya no hay vuelta atrás y el choque de trenes es más que evidente.
El president Carles Puigdemont se ha negado a comparecer en el Congreso de los Diputados, que es donde debería haber ido desde el primero momento a explicar y defender su propuesta de independencia, como hizo el ex lehendakari Ibarretxe con su plan soberanista para el País Vasco, que fue rechazado en el Congreso por una amplísima mayoría parlamentaria.
No se puede pedir diálogo, cuando ya hay una hoja de ruta preestablecida, como es la celebración del referéndum de independencia sí o sí, con acuerdo o sin él y de forma unilateral, sometiendo al Gobierno a un chantaje permanente.
Los nacionalistas tienen claro que van a celebrar el referéndum, diga lo que diga el Gobierno y el Tribunal Constitucional. Falta fijar el día de la convocatoria y la pregunta. ¿Qué quieren entonces negociar con el Estado?
Cuando se ofrece diálogo, ambas partes deben estar dispuestas a ceder. El Gobierno siempre ha dicho estar dispuesto a hablar de todo, menos del referéndum porque es ilegal y la unidad de España es innegociable y compete a todos los españoles y no solo a una parte.
En democracia no hay ningún miedo a que se coloquen las urnas para votar. Todo lo contrario. Lo realmente peligroso en democracia es no acatar las leyes y desobedecerlas. Porque cuando se incumplen las leyes, reina el caos.
